Reforma constitucional en Venezuela

A casi ocho meses del fraude electoral del 28 de julio del año pasado y a dos desde que Maduro asumiera su tercer periodo consecutivo, el régimen venezolano sigue avanzando hacia el poder total. El último paso es la anunciada reforma constitucional que ha despertado inquietud entre los dirigentes opositores que ven en esa estrategia un paso más para endurecer la represión y acabar con la disidencia en el país. Organizaciones estudiantiles y dirigentes opositores han llamado a movilizarse contra el proyecto que ya se encuentra en su etapa de elaboración y debería ser presentando a fines de mayo o comienzos de junio próximo, al cumplirse los 90 días establecidos por el régimen para que la comisión a cargo entregue su propuesta ante la Asamblea Nacional.

No es la primera vez que Maduro ha anunciado cambios constitucionales, la anterior fue en 2017 cuando fue elegida una Asamblea Constituyente que supuestamente estaba encargada de redactar una nueva Carta Fundamental que reemplazaría el texto de 1999 impulsado por Hugo Chávez. Sin embargo, el hecho no fue más que una operación política para silenciar a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, a tal punto que ambas instancias comenzaron a operar en forma paralela y la supuesta Asamblea Constituyente terminó imponiéndose. Esta vez, sin embargo, el objetivo parece ser distinto, y la idea es aprobar un nuevo texto que refuerce el poder del Ejecutivo y entregue nuevas herramientas para marginar a la oposición del debate político.

El propio Nicolás Maduro al presentar la iniciativa dio señales en ese sentido. “En la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana posible”, dijo en febrero pasado, utilizando términos que habitualmente usa para referirse a la oposición. Además, designó a cargo de la comisión que redactará el texto a personas de su círculo más estrecho, el fiscal general Tarek William Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su esposa Cilia Flores. Pese a que, en el discurso, Maduro insiste que el objetivo es “profundizar la democracia”, en los hechos la comisión está lejos de ser ejemplo de representatividad democrática y de acoger visiones políticas distintas.

Desde el fraude electoral, el régimen ha endurecido la represión contra la oposición y hecho oídos sordos a los llamados de la comunidad internacional. La exigida presentación de las actas oficiales de los comicios nunca se concretó y, como dice el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos meses el régimen intensificó la represión y la persecución contra la disidencia. La líder opositora María Corina Machado ha debido sobrevivir en la clandestinidad y el excandidato Edmundo González se vio forzado a dejar el país. Todo ello da cuenta de la nueva etapa del régimen, que ante la presión y el aislamiento internacional ha optado por seguir el camino de Daniel Ortega en Nicaragua y consolidar a través de una reforma constitucional una verdadera autocracia.