Reforma de pensiones: ahora es clave asegurar su legitimidad

Tiene un indudable mérito que el oficialismo y la oposición hayan alcanzado finalmente un acuerdo en materia de pensiones, considerando el ambiente fuertemente polarizado de nuestra política, y porque las diferencias entre ambos bloques en algún momento parecían insalvables. La propuesta de reforma fue presentada por el gobierno en noviembre de 2022, y tras un accidentado paso por la Cámara de Diputados, donde sus principales contenidos fueron rechazados, fue en la Comisión de Trabajo del Senado donde luego de arduas negociaciones se ha llegado a un acuerdo que de momento aúna voluntades desde el PC hasta la UDI.

Pese a que ningún sector ha quedado plenamente satisfecho con el resultado, oficialismo y oposición pueden exhibir ante sus huestes algunas conquistas que justifican dar este paso. Las respectivas minutas que ambos bloques circularon dan cuenta de ello, pues mientras el gobierno y sus partidarios buscan transmitir que esta reforma permite comenzar a introducir cambios estructurales en el sistema, la oposición enfatiza que el aumento de cotización se logrará sin recurrir a fórmulas de reparto. Estas miradas diferentes finalmente lo que están reflejando es que se cumplió lo que se espera en cualquier negociación compleja, es decir, que todos renuncien a algo, y a la vez sientan que algo han ganado. Ello no ha estado exento de altos costos políticos para los firmantes, considerando que los sectores refractarios de cada sector han dejado sentir su malestar por lo que consideran un entreguismo o derechamente una traición.

El principal nudo de esta reforma era el destino que se daría a los seis puntos de cotización adicional con cargo al empleador que originalmente se contemplaban, donde la oposición buscaba que el máximo o la totalidad se destinara íntegramente a las cuentas individuales, mientras que la izquierda presionaba por fórmulas de reparto. La negociación llegó a un resultado muy distinto, pues el gobierno propuso establecer un aporte total de los empleadores de 8,5 puntos. De estos, 4,5 irán directo a la cuenta de capitalización individual, en tanto que 1,5 puntos se destinarán a un “préstamo reembolsable” para contribuir a financiar parte del Fondo Autónomo de Protección Previsional que se crea en esta reforma, y que entre otros objetivos busca destinar recursos para incrementar las actuales pensiones en función de los años cotizados. En tanto, los restantes 2,5 puntos se destinarán a financiar el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Estará compuesto del 1,5% que ya paga el empleador por este concepto, a lo que se agrega 1 punto adicional. Con ello se financiarán las prestaciones habituales del SIS, además de compensar la brecha que presentan las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida.

El acuerdo sin duda contiene aspectos positivos. Desde luego, aumenta en forma importante el ahorro para las futuras pensiones -algo indispensable considerando la mayor expectativa de vida de la población y por lo insuficiente que resulta una tasa de cotización del 10% de la renta imponible-; se sigue reconociendo la propiedad de los trabajadores sobre la cotización adicional, lo que era un principio muy relevante de preservar, entre otras razones porque los propios chilenos ahora defienden la propiedad de sus ahorros; los actuales pensionados verán aumentada su actual pensión mediante el aporte del seguro social y por el aumento de la PGU a $250 mil, esto último otro de los grandes avances, y también porque se ha logrado una solución a las desmejoradas pensiones que en general presentan las mujeres.

Interesante es que el sistema facilite que otros actores, además de las AFP, puedan entrar a administrar el ahorro de los trabajadores -más competencia podría traducirse en menores costos y mejor servicio-, y que en el marco de las licitaciones de afiliados que se han propuesto, estos puedan oponerse a ser parte de dicha licitación, respetando su libertad de elección.

Pese a estos avances para mejorar las actuales y futuras pensiones -un objetivo central en cualquier reforma previsional-, el gobierno y el Congreso deben ser conscientes de que el gran desafío que se viene por delante es lograr que esta reforma logre revestirse de la máxima legitimidad posible, lo que descansa críticamente en que todos los cambios que implica esta reforma sean analizados pormenorizadamente y con la debida atención, de modo que desde un punto de vista técnico su solvencia no pueda ser puesta en duda.

Debe tenerse presente que este es uno de los mayores cambios que se han introducido en nuestro sistema previsional desde su creación, por lo que el objetivo de buscar celeridad en su tramitación debe necesariamente armonizarse con el debido debate técnico para despejar todas las numerosas interrogantes que se han abierto. Una reforma mal hecha, que no precise bien el alcance de toda la nueva institucionalidad que se creará -obligando a introducir constantes cambios-, o que no sea capaz de estimar adecuadamente el costo fiscal que implicará, dará argumentos sobre todo a los sectores refractarios para cuestionarla y con ello inevitablemente irá perdiendo legitimidad. El país ya ha experimentado el amargo trago de haber aprobado reformas que en su momento fueron aprobadas con amplia mayoría, pero luego sus efectos fueron muy contraproducentes, como la Ley de Inclusión en el ámbito educacional.

En ese orden de cosas, es muy relevante analizar -entre otros aspectos- la sostenibilidad fiscal de esta reforma, ya que en régimen implicará un aporte fiscal anual de unos US$ 3.500 millones. El impacto que esta reforma supondrá para las empresas por aumento de costos -al tener que absorber el total de la cotización adicional- y sus efectos sobre un ya estresado mercado laboral siguen despertando inquietudes, más allá de que la gradualidad con que irá aumentando la cotización podría atenuar en parte sus efectos. Tampoco hay una estimación de cómo se afecta (positivamente) la inversión, dado el mayor ahorro, pues podría ocurrir que la mayor inversión -por lo tanto, más actividad económica- ayude a mitigar los efectos anteriores. Sigue sin claridad el alcance del inversor público que pretende introducir el gobierno, entre otros aspectos.

La meta que se ha puesto el gobierno y el Congreso es tener despachada esta reforma a fines de enero. Parece un plazo excesivamente breve para poder analizar con detención todos estos complejos alcances, revisar bien la posible “letra chica” y otras dudas que puedan ir surgiendo durante el debate legislativo. Frente a un cambio de esta envergadura y la necesidad de asegurar su sostenibilidad, lo importante ahora no es cumplir a como dé lugar con un plazo autoimpuesto, sino asegurar un buen resultado para el país.