Hay decisiones que no admiten postergaciones, especialmente cuando los problemas que buscan resolver se han vuelto crónicos. La crisis de confianza en el Poder Judicial chileno es, sin duda, uno de esos casos. Por ello preocupa que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados haya rechazado una norma clave del proyecto de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo: la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta decisión arriesga que, una vez más, la política se quede a medio camino frente a una necesidad institucional urgente.

No se trata de un ajuste técnico menor. La forma en que se organiza el sistema judicial —especialmente en materia de nombramientos, disciplina y administración— está en el centro de una crisis prolongada. La concentración de estas funciones en la Corte Suprema ha dado lugar a prácticas poco transparentes, redes informales de influencia y ausencia de criterios objetivos. El llamado “caso audios” no hizo más que revelar crudamente un problema que ya era conocido: la fragilidad del sistema de nombramientos y su vulnerabilidad frente a intereses personales o corporativos.

Por eso esta reforma no es un gesto simbólico ni una respuesta coyuntural. Es una transformación impostergable ante una institucionalidad que ya no resiste. Al rechazar un componente central del proyecto, la Cámara compromete la coherencia de la reforma y pone en riesgo una transformación esencial y largamente postergada.

Los argumentos esgrimidos, si bien abordan un punto legítimo, no resultan concluyentes. Es cierto que el proceso de ratificación en el Senado ha estado expuesto a dinámicas políticas, sin embargo, ello no deslegitima el mecanismo. El Senado participa en la designación de autoridades de alta relevancia institucional —entre otros, el Banco Central, la Fiscalía Nacional, la Contraloría, el Tribunal Constitucional o el Consejo para la Transparencia—, y en todos esos casos, la ratificación parlamentaria es valorada como una instancia de equilibrio y control. Prescindir de ese contrapeso precisamente en la Corte Suprema —cabeza de uno de los tres poderes clásicos del Estado— no solo es injustificado: es incoherente con la arquitectura institucional.

La Corte Suprema no es solo un tribunal de última instancia. En tanto órgano rector del Poder Judicial, su integración tiene implicancias políticas de primer orden. Por ello, su composición no puede quedar entregada exclusivamente a las dinámicas internas del sistema judicial. La solución no es eliminar el control parlamentario, sino corregir sus deficiencias.

Perder esta oportunidad equivaldría a resignarse a seguir repitiendo los mismos escándalos judiciales en el futuro. Chile necesita un sistema judicial que inspire confianza, con reglas claras, procedimientos transparentes y contrapesos efectivos. La reforma al gobierno judicial es un paso necesario hacia ese horizonte. Detenerla es insistir en un sistema que ya demostró no poder corregirse a sí mismo.

Por José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial