Reforma pendiente a las policías

“Entendemos a las policías como actores fundamentales para la cohesión social y para fortalecer la democracia, en momentos en que la seguridad es más necesaria que nunca, nos parece fundamental avanzar en este proceso”, decía en agosto de 2022, la ministra del Interior de entonces, Izkia Siches, al referirse a la anunciada reforma de las policías. En esa ocasión la jefa de gabinete entregó los lineamientos del proceso que buscaba dotarlas de mayor legitimidad y dio a conocer las entidades encargadas de ese trabajo: la Comisión para la Reforma de las policías y la Unidad Consultiva. Asimismo, insistió que la reforma anunciada debía ser una política de Estado, atenuando así el concepto de refundación de las instituciones policiales que inicialmente contenía el programa del actual gobierno.

La iniciativa contemplaba un diseño político y técnico en el que la Comisión -formada por diversas autoridades- asesoraría a la ministra en el proceso de reforma y modernización de las policías, y la Unidad Consultiva, con una conformación transversal de especialistas apoyaría su diseño e implementación. Por lo mismo, resultan preocupantes las críticas que levantaron miembros de esta última entidad, recogidas por este medio, en cuanto a que no existiría claridad en relación a lo que se pretende y de que no habría objetivos claros, generales o específicos. Durante largo tiempo, advierten además, no se ha convocado a la Comisión -que es la que debe dar los lineamientos-, y si bien se reconocen cambios al interior de las instituciones policiales, no se puede hablar de que se trata de una reforma.

Siendo el problema de la delincuencia el principal motivo de preocupación de la ciudadanía, y las policías unos de los actores más relevantes en el diseño de cualquier política destinada a enfrentarla, es fundamental que entre quienes están mandatados a potenciarla exista concordancia en sus apreciaciones. Ello es aún más relevante si se considera la expansión que ha tenido el crimen organizado y la violencia asociada a prácticas delictivas que eran ajenas a nuestra realidad. Sin embargo, pareciera que esa unidad de propósito no existe, cuando desde la cartera de Interior se insiste que “la reforma a las policías es un proceso que está avanzando en forma consistente en sus tres dimensiones: eficacia de la función policial, buen ejercicio de la función policial y mecanismos de probidad y transparencia”.

Si bien es efectivo que se han presentado distintos proyectos -algunos aprobados como el aumento de la dotación de Carabineros- y que se ha incrementado el control de las policías entre otras medidas, los desafíos de las instituciones son crecientes, más aún en el contexto actual de crisis de seguridad que enfrenta el país. Por lo mismo, y entendiendo que parte de los cambios debe pasar por reformas legales, lo cual demanda tiempo, es indispensable no desaprovechar la oportunidad, subsanando las disparidades existentes sobre la gestión del proceso y aunar los esfuerzos, para que en definitiva con mayor celeridad se pueda dotar a las policías de la mejor institucionalidad y herramientas para un ejercicio eficiente y eficaz de su rol.