Reforma política: una oportunidad perdida

La incapacidad de lograr acuerdos en el Congreso ha sido uno de los principales obstáculos para poder avanzar en soluciones concretas en los principales temas que afectan a la ciudadanía, lo que finalmente ha alimentado la creciente desconfianza de la población en la clase política. Casos como el acuerdo de pensiones alcanzado en enero pasado son sólo una excepción a una regla que se extiende desde hace años y que ha afectado la gobernabilidad del país. Cada vez resulta más difícil para un gobierno responder a los requerimientos de la población con respuestas efectivas, ante la incapacidad de poder construir mayorías en el Congreso. Detrás de ello se encuentra la severa fragmentación política que existe en el Poder Legislativo, donde conviven no sólo más de veinte partidos, sino que dentro de las propias colectividades se producen divisiones y discolajes.

En momentos en que la democracia vive un severo proceso recesivo en el mundo, en gran parte por su incapacidad de hacerse cargo de los problemas reales de las personas, resulta urgente impulsar una reforma política que apunte a corregir ese problema. El panorama es especialmente grave en nuestro país donde, según la última encuesta CEP, sólo un 4% dice tener confianza en los partidos políticos y un 8% en el Congreso. Un escenario que ahonda el distanciamiento entre la ciudadanía y quienes están encargados de representarla. Por eso, las señales dadas en el último tiempo en la clase política despertaban expectativas de que podría ser posible avanzar en cambios que abordaran ese tema. El asunto no sólo fue debatido ampliamente en los dos procesos constitucionales fallidos que vivió el país, sino que también motivó una propuesta transversal en el Senado el año pasado.

Sin embargo, las indicaciones presentadas la semana pasada por el gobierno a ese proyecto y los dichos del ministro de Interior, plantean dudas sobre la voluntad real de corregir el problema de fondo. El corazón de cualquier reforma que busque mejorar efectivamente el actual sistema político debe hacerse cargo de la fragmentación política. Alcanzar acuerdos en un Congreso con 22 partidos resulta virtualmente imposible, como ha quedado claro en los últimos años. Por ello, es central evaluar un mecanismo que contribuya a limitar la proliferación de pequeñas colectividades guiadas muchas veces por intereses personales y no por reales proyectos políticos. El umbral de votación aparece como el más efectivo. Si bien ha habido distintas propuestas sobre donde fijar el porcentaje mínimo -3% o 5%-, su existencia resulta indispensable para corregir el problema.

Pese a ello, el gobierno decidió eliminar ese elemento en las indicaciones conocidas en los últimos días. Según el ministro del Interior lo que se pretende con ello es impedir que una persona que sacó la primera mayoría en un distrito quede fuera del Congreso porque su partido obtuvo menos del 5%. “Eso no tiene sentido”, apuntó, sugiriendo que conspira contra la voluntad democrática de la ciudadanía. Democracias consolidadas, en todo caso, como Alemania, contemplan el umbral, el que en la reciente elección dejó fuera del Congreso a un partido histórico como el Liberal. Pero si el problema es evitar que figuras que obtengan alta votación queden fuera del Congreso porque su partido no logra la votación necesaria, se pueden explorar fórmulas creativas para corregir ese problema sin descartar de plano el umbral, sin el cual no se soluciona el problema de fondo.

El propio ministro reconoce en una entrevista a este medio que el objetivo de la reforma debe ser “evitar la fragmentación y contribuir a que exista claridad respecto a lo que representan los distintos actores políticos, de manera que los partidos puedan votar ordenadamente”. Sin embargo, sus propuestas sólo apuntan a corregir el segundo problema, al incluir las órdenes de partidos y la cesación en el cargo tanto de aquellos parlamentarios expulsados de su colectividad como de los que renuncien a su partido o los independientes que comiencen a militar en un partido distinto al que los llevó como candidatos. Más allá de la evidente necesidad de reforzar a los partidos políticos, componentes clave de cualquier democracia sólida, ese es sólo uno de los elementos que requiere la reforma política, como por lo demás lo dejó claro el propio ministro.

Es importante no olvidar que el foco central debe ser abordar la creciente proliferación de tiendas políticas. Para eso, además, de avanzar en el umbral se debería también revisar el sistema de financiamiento de la política, que hoy crea incentivos que favorecen la creación de nuevas colectividades. Igualmente, cualquier reforma debe también considerar la necesidad de corregir el sistema electoral que ha contribuido a la división del ecosistema partidario. Una reforma integral que no tome en cuenta todas esas variables y sólo se limite a corregir las falencias actuales de los partidos políticos será insuficiente. El rechazo de parte del oficialismo a la idea del umbral explica la posición del gobierno, pero de persistir por ese camino se terminará conspirando contra la posibilidad de avanzar efectivamente en un tema urgente, que de no concretarse ahora sólo podría hacerse efectivo dentro de ocho años más.