Reformas cruzadas

La mejor reforma de pensiones es la reforma laboral. Con las tasas de cotización actual, los pensionados que cotizan con alta frecuencia, es decir, con pocas "lagunas", obtienen pensiones razonables si se comparan con sus sueldos al momento de jubilar. Por el contrario, quienes tienen salarios bajos también pasan por períodos de desempleo e informalidad importantes a lo largo de sus vidas. En el caso de las mujeres, la porfiada realidad nos dice que este punto es aún más importante, dada su menor participación laboral por razones de maternidad o de cuidado de la familia.

Necesitamos, por lo tanto, políticas públicas que incentiven el empleo formal, que promuevan jornadas flexibles, el empleo desde el hogar y una mayor armonización de la vida personal y laboral. La reforma laboral apunta en esa dirección, permitiendo a personas que se encuentran en la informalidad o fuera del mercado laboral poder trabajar y contribuir a su ahorro previsional. Que las personas puedan trabajar formalmente algunas horas, en lugar de ninguna, siempre favorece una mejor jubilación. Si esta reforma llega a puerto, ojalá con mayor audacia aún en la flexibilidad, los grupos más favorecidos serán justamente aquellos que más requieren un impulso a su ahorro previsional: trabajadores de baja calificación, jóvenes y mujeres.

Por otro lado, la lógica del actual proyecto de reforma previsional es aumentar las cotizaciones y así elevar el ahorro de los trabajadores para compensar una menor rentabilidad de las inversiones de los fondos (un dato de la causa en la economía global). Sin embargo, mayores cotizaciones tienden a reducir el empleo formal e incentivan la declaración de salarios menores a los reales para evadir pagos previsionales. Si se considera que las pensiones pagadas por pilar solidario se financian con recaudación tributaria general, no resulta obvio que subir las cotizaciones sea la mejor respuesta.

¿Por qué? La recaudación de impuestos proviene de la actividad económica formal. A mayor tasa de contribución, el sector formal se reduce y la evasión aumenta. Si bien los que permanecen en el sistema ahorran más, estos trabajadores representan el grupo que menos necesita aumentar su ahorro. Como contrapartida, quienes se vuelven informales, no cotizan nada y su aporte de productividad no genera ninguna recaudación de impuestos para el Fisco. Son justamente las personas con alta informalidad quienes requerirán recursos del Estado para financiar sus pensiones. Aumentar la cotización protege más a los que ya están protegidos, y menos a los desprotegidos. Si bien existe el pilar solidario para ayudar a este último grupo, los impuestos recaudados se reducen más en la medida que forzamos mayor cotización.

¿Existe alguna investigación que aborde este dilema? Joubert (2015) en un estudio publicado por International Economic Review, una prestigiosa publicación académica, concluye que el efecto de elevar la tasa de cotización de 10% a 15% aumentaría la informalidad en alrededor de 10% y reduciría la recaudación tributaria, por lo que las pensiones pagadas con cotizaciones más altas, sumando ahorro individual y el pilar solidario aportado por el Estado ¡serían menores! Hay supuestos claves del ejercicio (siempre los hay): Joubert utiliza datos de 2002-06 de la Encuesta de Protección Social (EPS) y la estructura tributaria y de pilar solidario vigente en dichos años. Con los cambios ocurridos posteriormente al sistema tributario y el aumento de pensiones mínimas, los resultados de la reforma no serían tan negativos. Por otro lado, una fuerza de trabajo con más inmigrantes, mujeres y adultos mayores hace presumir mayor tendencia a la informalidad, mientras que la mayor educación del trabajador promedio sugiere el efecto contrario. Con múltiples elementos en juego, sin duda, requerimos un análisis muy cuidadoso. La discusión parlamentaria, sin embargo, está muy lejos de estas cuestiones fundamentales. Por ello, la mejor noticia para el sistema previsional en mucho tiempo ha sido… la reforma laboral.