El gobierno ha desistido de una reforma al impuesto a la renta por la falta de apoyo parlamentario y las incertidumbres por la ofensiva arancelaria del gobierno de Trump.

Recordemos que la oposición decidió no votar en marzo de 2023 la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno, lo que no había ocurrido nunca desde 1990. Éste debió aceptar en 2023 un bajo aumento de las regalías, al punto que dejó pendiente recuperar la mayor parte de la renta del cobre distinta de las utilidades normales que aseguran la inversión, y que no tiene sentido seguir regalando a las empresas mineras privadas, especialmente en un ciclo de precios altos. Logró legislar un mejoramiento recaudatorio de efectos limitados e intentó un pacto fiscal, en el que propuso simplificar y reequilibrar el impuesto a la renta. Esto suponía bajar las tasas sobre las utilidades, compensándolas con tasas marginales más altas en los ingresos personales, como era recomendable después que la reforma de Bachelet II había ido en sentido contrario. Las empresas deben contribuir a pagar los bienes públicos que hacen posible su funcionamiento, como la infraestructura y las capacidades humanas basadas en educación y salud, pero la tarea redistributiva debe reposar sobre todo en gravar de manera más progresiva los ingresos personales. Como estamos en Chile, el gran empresariado y la oposición decidieron apoyar lo primero sin lo segundo, al costo de debilitar las finanzas públicas y la equidad tributaria. Esto llevó al gobierno a no persistir, salvo en el tema de las pymes.

La oposición ha logrado bloquear las reformas tributarias más relevantes, pero manteniendo temas no resueltos. El actual gobierno ha tenido razón al sostener que “la reforma debiese tener como resultado un aumento de la carga tributaria, acercándonos a la situación que se observa en otros países del mundo. De acuerdo a la metodología que utilicemos, nuestra brecha respecto de los países de la OCDE es de entre 9 y 13 puntos del PIB de menor carga tributaria”, y mucho mayor respecto a los países nórdicos, Francia, Alemania, Italia, Austria o Bélgica, que han resuelto de manera más igualitaria la siempre discutida ecuación crecimiento, tributación y bienestar colectivo. Hay un problema de nivel y de composición: “salta a la vista que algunos de los componentes del sistema tienen un mayor peso relativo en la recaudación si nos comparamos con otros países del mundo desarrollado. Es el caso de los impuestos a las transacciones y los impuestos a la renta de las empresas. Por otra parte, la recaudación por impuestos tanto patrimoniales como a la renta de las personas es relativamente baja, al igual que lo que ocurre con los que gravan la renta económica y los impuestos correctivos para internalizar externalidades”. La evasión y elusión se ubica en niveles comparativamente elevados, y se concentra en los grupos de altos ingresos.

Todo esto resulta en una distribución regresiva e ineficiente de la carga tributaria en Chile, mientras no se hace lo más obvio: destinar una mayor proporción de la renta de los recursos naturales a la diversificación de la economía para situarla en las corrientes más dinámicas de la especialización internacional. Permanece una interrogante central: ¿se otorga acaso certezas económicas, un reclamo conservador frecuente, resistiendo toda reforma tributaria que no sea regresiva, lo que no hace sino aumentar las incertidumbres y la conflictividad?

Por Gonzalo Martner, académico Facultad de Administración y Economía Usach