Refundación política

Ayer, Celestino Córdova terminó una huelga de hambre que duró más de 100 días, pero que solo fue noticia en las últimas semanas, cuando su situación era crítica. Esto ocurre con cierta periodicidad: huelgas de hambre de mapuches que duran meses, pero que solo aparecen en la agenda en sus etapas más avanzadas. La situación solo puede ser enfrentada en el momento límite, cuando aparece la posibilidad de un desenlace fatal, y con él la de una agudización irreversible del conflicto.

Esta es una de las deudas más irresponsables de la política de nuestra “exitosa transición”. Frente a la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, en estos treinta años ha sido imposible avanzar; no solo ha sido imposible discutir un régimen especial que reconozca alguna forma de autonomía y de reconocimiento de sus propias tradiciones, sino ha sido imposible también la sola formalidad de incorporar al texto constitucional alguna fórmula mediante la cual su existencia política sea reconocida. En vez, la solución ha sido políticas sociales o militarización. Esto, por cierto, no ha dejado de tener consecuencias: el conflicto se agudiza cada vez más, y las posibles soluciones se hacen cada vez más difíciles.

Vale la pena preguntarse por qué ha sido imposible avanzar. No es un problema intrínsecamente insolucionable. Otros países han enfrentado situaciones parecidas o más graves y han logrado los avances que para nosotros han sido imposibles. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a la idea de que no hay cómo avanzar. Esto, por cierto, no dice nada del problema mismo, sino de la política que conocemos.

Es el problema que está en el centro de la crisis política y constitucional que hoy enfrentamos, y lo que será el criterio con el cual habremos de juzgar el éxito o no de la nueva Constitución. La política chilena es una que está condenada a observar cómo los problemas se desarrollan en el tiempo, sin que sea posible darles solución eficaz: cómo decae la educación pública, pese a masivas manifestaciones en su defensa y numerosas comisiones y grupos de trabajo; cómo se anuncia la crisis del sistema de pensiones y se crea comisión tras comisión para buscar soluciones que no llegan; cómo las Isapres son condenadas más de un millón de veces durante una década por violar rutinariamente derechos constitucionales de sus afiliados y eso no tiene consecuencia institucional alguna; y claro, cómo se agudiza el problema creado por la indiferencia política ante la demanda mapuche por reconocimiento.

La indolencia e indiferencia de nuestra forma política es tan aguda, que quienes participan de ella y la defienden creen que pueden acusar a quienes queremos una policía eficaz de pretender “refundarla”; esa pretensión de “refundación”, dicen, contiene la arrogancia de ignorar todo lo que se ha avanzado. Claro, en fortalecer la educación pública, evitar el abuso de las Isapres… o dar debido reconocimiento al pueblo mapuche.

Claro que la política chilena necesita ser refundada.