Por Alejandro Barros, director de Espacio Público y académico asociado del Centro de Sistemas Públicos U. de Chile
Hace tiempo que sabemos que el Servicio de Registro Civil e identificación es uno de los actores más importantes en el proceso de modernización del Estado, dado sus roles de ministro de fe de muchas actuaciones civiles de los ciudadanos y custodio de múltiples registros de todo tipo. A partir de esas funciones, el rol que esta institución puede jugar en el proceso de modernización es clave, en tanto que proveedor de identidad como de información contenida en los diferentes registros que administra, insumos esenciales para el resto de los servicios públicos.
Desde hace un tiempo que dicho servicio se encuentra en un proceso de recambio de su plataforma de producción de cédulas y pasaportes. Hoy requerimos una nueva plataforma de gestión y producción de cédulas y pasaportes, tanto por temas de obsolescencia tecnológica como por razones de eficiencia operacional y costos, en particular de los pasaportes, siendo Chile uno de los países con el mayor costo de estos.
Pero como ha ocurrido en procesos anteriores, la licitación para el recambio no ha estado ausente de cuestionamientos; incluso en los últimos días, luego del anuncio de adjudicación al consorcio chino-alemán, fue presentada una demanda por un ex funcionario del Registro con acusaciones graves contra el director del Servicio y otros dos exfuncionarios. Por su parte, algunos parlamentarios han solicitado a la Contraloría General de la República que audite el proceso licitatorio, a objeto de determinar si existieron irregularidades.
Esta no es primera vez que vemos que un proceso de esta relevancia se ve manchado por acusaciones desde diversos sectores; la licitación anterior terminamos resolviéndola en tribunales. A esto hay que agregar la polémica pública generada por la adjudicación, debido a la participación de la empresa de origen chino Aisino, la cual ha sido cuestionada por sus prácticas vinculadas a la privacidad y protección de datos personales, incluyendo una investigación del FBI en Estados Unidos.
Más allá de cómo se resuelve todo este entuerto, solo espero que un gobierno que está en su recta final haga todos los esfuerzos por no dejarle el problema a la siguiente administración.
Recordemos que uno de los grandes problemas del servicio actual prestado por el Registro Civil son los asociados a servicios de terceros (interoperabilidad, identificación digital, acceso a registros y muchos más), los que resultan fundamentales a la hora de llevar trámites desde el canal presencial al online, como lo exige la Ley de Transformación Digital.
El Registro Civil tiene como desafío transformarse en un elemento clave en el proceso de modernización y en particular en soporte a la puesta en marcha de la Ley de Transformación Digital, ya que los datos que gestiona son fundamentales para dicho proceso; pero lamentablemente hasta el momento lo que vemos va en una dirección contraria.
