Registro Civil, un actor fundamental en la implementación de la transformación digital

Por Alejandro Barros, director invitado Chiletec

La Ley de Transformación Digital identifica tres áreas de trabajo: identidad digital por la vía del uso de la plataforma Clave Única, digitalización de trámites y, finalmente, que los servicios públicos lleven sus procedimientos administrativos al soporte electrónico. Dicho marco legal, aprobado en noviembre de 2019, hoy está a la espera de los reglamentos de la ley y en evaluación por la Contraloría General de la República para iniciar su calendario de implementación.

Estos reglamentos se esperan estén aprobados durante el transcurso de este mes, definen un horizonte de cuatro años para el logro de las tres áreas de trabajo, esto es que: 1) todo mecanismo de autenticación esté basado en Clave Única; 2) todos los trámites puedan realizarse por el canal web de punta a punta, y 3) todos los procedimientos administrativos estén soportados digitalmente.

Para lograr esa meta ambiciosa, un actor fundamental es el Registro Civil, producto de su rol como proveedor de identidad y uno de los principales proveedores de información del Estado, ya que gestiona una cantidad muy relevante de registros y datos necesarios para muchos trámites que realizan los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier problema y/o incertidumbre en las capacidades del Registro Civil en el tratamiento consistente de los datos y su disponibilización digital afecta directamente a los procesos realizados a través de otros servicios públicos.

En este contexto, la reciente polémica por la licitación de pasaportes y cédulas de identidad -la cual ya fue resuelta, adjudicando el servicio por los próximo diez años a Idemia, segunda empresa mejor evaluada- nos entrega algunas lecciones necesarias de tener en cuenta en la adquisición de soluciones tecnológicas de esta magnitud:

Se requiere tener una mirada holística de la necesidad institucional al momento de la adquisición, que contemple no solo el requerimiento tecnológico específico, sino que también la estrategia país en términos de digitalización.

El cambio no solo es tecnológico, sino que también involucra eventuales nuevos procesos intra e interinstitucionales, perfiles de usuarios y gestión del cambio.

Existe una transición entre lo actual y lo nuevo que, de por sí, es un proyecto de cambio que debe ser visto desde la disciplina de gobierno de proyectos y gestión del cambio.

Velar por el beneficio a la ciudadanía en el modelo de negocio que se establezca con el proveedor del servicio y, por los efectos geopolítico, de adjudicar a una empresa china que ha sido cuestionada respecto de la protección de datos personales.

Por último, no menos importante, que el proceso de adquisición sea ad hoc a la magnitud del proyecto, a los intereses de los involucrados, velando en todo momento por la apertura y transparencia del mismo.

Generar un mayor diálogo con los actores involucrados, en particular con la industria TI, resulta fundamental. Tanto para procesos de externalización de servicios digitales, como también para la interoperabilidad, identificación digital, acceso a registros y todo lo que significa la puesta en marcha de la Ley de Transformación Digital.

Al próximo gobierno le corresponderá la implementación del nuevo servicio, esperemos que este cumpla con las expectativas que muchos tenemos de él, en particular en materias de costos de pasaportes y de los servicios de valor agregado a terceros (interoperabilidad y acceso a registros), gran deficiencia del sistema actual.