SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, más de 200 mil extranjeros enfrentan una alarmante precariedad jurídica, atrapados en la informalidad y la clandestinidad administrativa, lo que favorece únicamente a la explotación laboral y al crimen organizado. Esta situación afecta tanto a los migrantes como a nuestra sociedad, perpetuando exclusión, inseguridad y brechas de cohesión social.

Es urgente implementar un proceso de regularización masiva, no como una concesión, sino como una herramienta estratégica para ordenar el sistema migratorio. Regularizar significa identificar a quienes están al margen del sistema, reducir los riesgos de informalidad y facilitar su integración al mercado laboral formal, generando ingresos tributarios y previsionales que refuercen servicios esenciales como salud, educación y pensiones.

Esta medida, si está bien diseñada, contribuye a mitigar prejuicios, fomentar la convivencia y fortalecer la cohesión social. Aunque algunos temen que este proceso incremente los flujos irregulares, la evidencia demuestra que, acompañada de controles fronterizos efectivos, campañas informativas en países de origen y cooperación internacional, estas iniciativas no provocan ese efecto.

Para garantizar su legitimidad, el proceso debe ser transparente y condicionado a requisitos claros, como arraigo, vínculos laborales y la ausencia de antecedentes graves. La propuesta anunciada por el Subsecretario Cordero representa un liderazgo valiente y responsable, especialmente tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que despeja el camino para avanzar en esta dirección.

Esta es una oportunidad para reconocer en la migración un motor de desarrollo e integración, demostrando que en Chile se pueden afrontar desafíos con sentido de Estado.

Rodrigo Sandoval Ducoing

Académico Facultad de Derecho, U.Central