Por Jeannette von Wolfersdorff, economista
“Los gobiernos desconfían de la gente”, dijo una vez el filósofo español Daniel Innerarity; no solo la ciudadanía desconfía de sus gobernantes. Y es cierto: la desconfianza es mutua.
Fórmulas para avanzar hacia una mayor confianza frente a los gobernantes hay muchas, acompañadas de amplios consensos en lo técnico. Entendiendo la transparencia como impulsor de confianza, se pueden nombrar las propuestas de la Comisión de Gasto Público, entregadas en enero 2021 al Ministerio de Hacienda. Más allá de lo fiscal, hay múltiples otras herramientas para avanzar en reformas que apuntan a una mayor probidad estatal, participación y transparencia y, así, una mayor confianza. Se trata de una gama amplia de propuestas de los cuales muchos están consensuados de forma transversal a nivel técnico; por ejemplo, para transparentar y reducir los conflictos de interés y la corrupción, co-crear soluciones de políticas públicas con la ciudadanía, o sincerar el efecto real de la acción estatal en la sociedad. Pero, finalmente, pocas propuestas de esta esfera técnica se implementan. El problema: el espectro de propuestas de la esfera política -dentro de la cual uno elige a los gobernantes- se basa en ideas un tanto más estrechas y vagas en materia transparencia, participación y probidad que las que se encuentran ya consensuadas en la esfera técnica.
Esa “gama estrecha” -casi ávara- de propuestas desde la esfera política se explica porqué a las personas en el poder público no les conviene impulsar mayores cambios; también porqué los gobernantes tienden a desconfiar de las personas, como dijo Innerarity. En general, no quieren más participación, ni poner decisiones importantes en manos de otras personas. Tampoco quieren más transparencia, porque esa limita el propio poder. Finalmente, mientras que la esfera política completa se mueve solo dentro de un espectro de ideas estrechas en las materias señaladas, el país no avanza. Es eso lo que ha pasado -por ejemplo- en el ámbito de la participación y transparencia fiscal en Chile -área que conozco bien después de haber dedicado seis años a impulsar cambios respectivos.
A los partidos políticos y, ante todo, a los gobernantes, la transparencia y la participación no les conviene porque amenaza a la actual forma de gestionar y mantener el poder en la esfera pública: basada en información y micro-favores que se transan y trafican. “J’ai passé ma vie à donner des coups de pouce” (me pasé la vida dando una mano), dijo recientemente el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy, durante su juicio penal, en el cual finalmente fue condenado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Tampoco en Chile es fácil salir de este mundo, compuesto de falta de transparencia, así como pequeños arreglos y amistades interesadas que a veces parecen ser la esencia misma de la política -más que el debate sobre las ideas.
¿Qué hacer para avanzar y para que se escuchen más en especial a estas propuestas que se basan ya en amplios acuerdos técnicos? No tengo una receta. Pero quizás bastaría que una de esas personas que están en una posición de poder importante cambie la actual resistencia frente a cambios necesarios en transparencia y probidad. Por ejemplo, que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, implemente algo de lo que la Comisión de Gasto Público propuso de forma transversal para avanzar hacia una mayor transparencia fiscal. O que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, avanzara de forma real en la creación de un registro de dueños finales de empresas, acorde al estándar OCDE. La misma actitud estructural se espera del mundo privado. Que el presidente de la CPC, Juan Sutil, logre promover reformas que regulen la concentración en los mercados y los conflictos que se dan actualmente en los conglomerados grandes. O que la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) promueva el avance de la Ley de Velocidad Mínima garantizada del Internet, en vez de entorpecerla (como lo hace actualmente).
Es cierto, han habido pequeñas reformas positivas en probidad y transparencia, como la creación de la figura del denunciante anónimo, y el establecimiento de incentivos financieros para el denunciante en el marco de la ley de agentes del mercado. O la publicación de datos sobre el gasto público en salud -en específico de los hospitales- desde Fonasa. Pero, estimados líderes en lo público y privado: las reformas hechas a la fecha solo dejan una “sensación Haiku”, como lo hacen las hermosas poesías de origen japonés, de solo tres líneas. Lo cierto es que después de lo dicho y avanzado, en materia probidad y transparencia, falta considerar todavía un universo que apenas se insinúa en Chile. Tan bien nos haría cuando los líderes -nuestra élite- entienda que para avanzar hacia una mayor confianza mutua entre ellos y los ciudadanos, se deben emprender reformas estructurales y sistémicas, para los cuales ya hay una gama amplia de propuestas de comisiones, consejos o instituciones multilaterales, como la OCDE. Solo falta voluntad.
