Por Claudia Heiss, cientista política
Falta menos de un mes para el plebiscito que determinará el destino del proceso constituyente. Se trata del momento político más importante desde el retorno a la democracia, por el que la ciudadanía podrá expresar su voluntad directamente en las urnas. Tras una década de intensa movilización social, el estallido de octubre del año pasado fue finalmente el motor de los acuerdos que ofrecieron una salida institucional a la crisis. Es tarea de todas y todos cuidar que esos acuerdos se respeten y que esta frágil construcción democrática llegue a buen puerto. Las autoridades de gobierno tienen especial responsabilidad en garantizar el correcto desarrollo del itinerario trazado y el respeto a las reglas acordadas. Esto incluye las reformas constitucionales de diciembre de 2019 y marzo de 2020, que regulan las etapas del proceso, así como la composición y funcionamiento del órgano constitucional.
La reciente sugerencia por personeros oficialistas de añadir a esas normas una segunda ratificación de las decisiones por 2/3 apunta en la dirección opuesta a las garantías señaladas. El artículo 133 de la Constitución, incorporado por la reforma de diciembre, establece que la convención deberá aprobar las normas por 2/3 de sus miembros en ejercicio. La idea de una “doble ratificación” fue discutida y descartada tanto en las negociaciones del 15 de noviembre como en la comisión técnica que propuso el articulado de la reforma. La justificación de que esto sería necesario para dar coherencia al texto en su conjunto busca disfrazar de técnico un elemento que es plenamente político. La coherencia del texto no se juega en mayores requisitos para la aprobación de sus contenidos, sino en el trabajo de la secretaría técnica y en las normas de armonización que fije la propia convención en su reglamento interno. Por último, la ratificación final de la nueva Constitución estará en manos de la ciudadanía, a través del plebiscito constitucional de 2022.
El intento por volver a levantar el debate de los 2/3 busca generar una polémica artificial, en la línea de propuestas como “saltarse” el plebiscito de octubre, exigir un quórum de participación electoral para validar su resultado, o la sugerencia preventiva de postergarlo por razones sanitarias. Quienes plantean estas ideas de último momento descuidan un acuerdo que se alcanzó con dificultad, por partes que tienen grandes discrepancias, y en un contexto de enorme escepticismo ciudadano frente a la negociación política. Desde la derecha algunas personas parecen arrepentidas de haber abierto la puerta a la construcción democrática de una nueva constitución. Desde la izquierda, hay quienes ven este proceso como una suerte de trampa plagada de promesas vacías. Es de esperar que quienes ostentan cargos de autoridad contribuyan con su responsabilidad y respeto por lo acordado a reducir, y no a aumentar, los temores y desconfianzas de la ciudadanía en este complejo escenario.
