Por Soledad Alvear, abogada
Hace algunos días se conoció el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014. Esta misión internacional fue nominada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno de sus principales órganos, encargado, según la resolución que lo estableció, de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y de ocuparse de las situaciones en que se violen, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.
El informe de la misión que consta de 443 páginas es un documento muy exhaustivo y detallado que documenta las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro, llegando a la conclusión que hay motivo razonable para creer que diversas conductas configuran crímenes de lesa humanidad. El informe se centra en los patrones de conducta en que se produjeron estas violaciones a los derechos humanos, investigando con detalle los incidentes específicos, tratando de determinar las estructuras de mando y los indicadores de control y disciplina. Sobrecoge el leerlo.
La misión que elaboró el informe pidió en reiteradas oportunidades visitar Venezuela, lo que fue rechazado por las autoridades del régimen de Maduro. También, una vez elaborado el informe, se lo envió a dicho régimen para recibir sus comentarios, no recibiendo respuesta alguna.
Una vez hecho público el informe, el régimen de Maduro lo ha descalificado, señalando que emana de una misión fantasma, controlada por gobiernos subordinados a Washington. Ello no debe sorprendernos, ya que corresponde a la reacción típica de los regímenes dictatoriales. Recordemos, sin ir más lejos, que la dictadura de Pinochet no dejó ingresar a nuestro país a grupos de trabajo designados por las Naciones Unidas para investigar las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y, una vez hechos públicos sus informes, se apresuraban a descalificarlos como una conjura antichilena y una agresión foránea.
Las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela y de las que han dado cuenta tanto este informe, como los de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, deben ser condenadas con firmeza y sin ambages por todos los sectores políticos y sociales de nuestro país. La promoción y defensa universal de los derechos humanos no pueden ser relativizados en función del color político del régimen que perpetre su vulneración. Nuestro repudio a estas violaciones a los derechos humanos por parte el régimen de Nicolas Maduro y nuestra solidaridad con las víctimas y el pueblo de Venezuela que las sufre, nace de la convicción central que la dignidad humana es inviolable y que ella debe ser respetada universalmente.
