Por Mauricio Villena, decano Fac. de Economía y Empresas UDP
Los Pandora Papers han reabierto la polémica por el proyecto minero Dominga por su cercanía al archipiélago Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Una pregunta que surge en este caso es: ¿por qué a las empresas debería preocuparles el impacto de sus inversiones en el medio ambiente, independientemente de la legalidad o no de éstas?
Una discusión fundamental en economía ha sido cuál debería ser el objetivo último de las empresas. En la ortodoxia económica se ha tendido a rechazar la noción de visiones más amplias, más allá de la maximización de utilidades. El comentario clásico del premio Nobel de Economía Milton Friedman en 1970 -en The New York Times, titulado: “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”- plantea lo que se conoce como la Doctrina Friedman: que la responsabilidad social de las empresas debe ser solamente aumentar sus ganancias y que no tienen responsabilidad con el público o la sociedad; su única responsabilidad debe ser con sus accionistas. Esta visión ha prevalecido por décadas en economistas y ejecutivos del mundo, y podría argumentarse que todavía prima en muchas empresas e industrias en Chile.
Quizás el primer académico en desafiar esta visión desde la ortodoxia del management moderno fue Michael E. Porter, profesor de Harvard Business School, quien desarrolló el concepto de Creating Shared Value (creación de valor compartido). La premisa central es que la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades que la rodean son mutuamente dependientes. Porter argumenta que reconocer y capitalizar estas conexiones entre el progreso social y económico tiene el poder de desencadenar la próxima ola de crecimiento mundial y redefinir el capitalismo.
En la misma dirección, la teoría de The triple bottom line: People, Planet and Profit agrega a la maximización de utilidades las variables sociales y ambientales. Este marco contable ha sido adoptado por muchas organizaciones BCorp que abogan por considerar en sus balances no solo información relevante para sus accionistas, sino que también incluir detalles de su impacto social y ambiental.
Actualmente, la Responsabilidad Social Corporativa es un tópico ampliamente aceptado en la academia y una práctica común para empresas grandes y medianas de todo el mundo. Una encuesta de KPMG en 2017 señaló que 93% de las 250 mayores firmas del mundo por ingresos integran ahora datos financieros y no financieros en sus informes anuales; es decir, consideran que los datos de RSC son relevantes para inversores. El Sustainable Investments Institute para 2018 también reportó que 78% del S&P 500 emitió un informe de sostenibilidad, con métricas de desempeño ambiental y social.
Las prácticas corporativas que incorporan la ética, el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad medioambiental, más allá de las utilidades, son hoy una tendencia estratégica que las empresas están adoptando gradual y crecientemente. En Chile, muchas empresas siguen al debe en estos importantes temas.
