Restricción por ley a uso de teléfonos celulares en colegios
Restringir el uso de estos dispositivos en los recintos educacionales va en directo beneficio de los alumnos, pues previsiblemente mejora el rendimiento y disminuye el bullying. Y aunque no es ideal que se regule vía ley, las dificultades que encuentran las comunidades escolares para autorregular justifican esta vía.
Recientemente la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca regular el uso de celulares en establecimientos educacionales -la iniciativa ahora deberá ser conocida por el Senado-, conforme con el cual se prohíbe el uso de teléfonos móviles en el nivel parvulario y desde 1° a 6° básico, autorizándose solo en caso excepcionales -entre ellos, emergencias y condición de salud del alumno- o en la medida que sea estrictamente requerido en una actividad curricular o extracurricular. A su vez, entre 7° básico y 4°medio los reglamentos de los establecimientos educativos deberán disponer de medidas para regular un uso adecuado de estos medios, aunque la norma propende a su no utilización, salvo situaciones que lo hagan indispensable.
La regulación que se busca introducir a través de esta ley parece ir en sintonía con la realidad que se observa en países desarrollados, donde la tendencia avanza en la dirección de ir prohibiendo el uso de estos dispositivos en los recintos escolares. Es el caso de Francia, por ejemplo, cuya legislación prohíbe los teléfonos celulares no solo en las salas de clase, sino también dentro de las dependencias del establecimiento. Países Bajos y recientemente Inglaterra han avanzado hacia normativas similares. En Chile distintos colegios han venido trabajando en una línea parecida a través de sus reglamentos internos, si bien las orientaciones que el Ministerio de Educación presentó en marzo sobre uso de celulares no apuntan a una prohibición, sino más bien a un uso responsable con fines pedagógicos.
No cabe duda de que contar con regulaciones estrictas sobre el uso de celulares en colegios se torna fundamental. Los estudios en menores de edad revelan que el celular se utiliza sobre todo para ver videos y chatear en redes sociales, lo que opera fundamentalmente como una potente fuente de distracción. El ensimismamiento que produce el estar demasiado tiempo frente a una pantalla también perjudica los procesos de socialización de los niños -algo fundamental en esta etapa de la vida-, y los efectos de la peligrosa práctica del buyillng -una realidad que se ha hecho cada vez más frecuente entre los alumnos- se ven fuertemente amplificados en la medida que los niños puedan grabar o fotografiar a sus compañeros y difundir imágenes en redes. Cabe considerar que de acuerdo con el estudio Kids Online (UC, UCH, Mineduc, Unicef), la edad promedio en que los niños obtienen su primer teléfono celular bajó de 11 a 8,9 años, donde el 87% cuenta con acceso a internet.
A la luz de todo ello restringir fuertemente el uso de estos dispositivos en salas de clase y en los recintos educacionales es algo que va en directo beneficio de los alumnos -así lo indica reciente evidencia aportada por el Norwegian Institute of Public Heatlth, según el cual con regulaciones de este tipo se podría favorecer el rendimiento escolar, así como lograr una sustancial disminución del bullying-, particularmente cuando no se observa que su presencia constituya un aporte esencial en los procesos formativos.
Ciertamente no es lo ideal que dichas regulaciones deban provenir desde el legislador, ya que eso resta margen de acción a las propias comunidades educativas, y puede abrir un apetito por la sobrerregulación. Sin embargo, dada la evidente pérdida de autoridad de los profesores y directivos de colegios, así como el marcado individualismo que se observa en las propias comunidades, se hace muy difícil que la autorregulación pueda abarcar de manera efectiva todas las dimensiones que aquí se busca cautelar, de modo que parece inevitable resignarse a la idea de que una ley permite en este caso salvaguardar mejor estos objetivos, entregando criterios rectores más objetivos y haciendo inequívoco el mandato de limitar el uso de estos dispositivos.
Hay voces que insisten en que imponer este tipo de restricciones es ir en contra de las libertades personales, especialmente cuando los teléfonos inteligentes son ya parte del diario vivir. Lo cierto es que en los establecimientos escolares imperan una serie de reglas que, aunque pudiendo contravenir las libertades personales, se han entendido como consustanciales a los procesos formativos, como el uso de uniformes, horarios estrictos o la prohibición de fumar. No se ve por qué entonces los celulares deberían entenderse como algo al margen de regulación o prohibición, sobre todo cuando no son elementos indispensables para las clases, y su mal uso puede llegar a comprometer gravemente la integridad de los alumnos.
