Por Leonardo Hernández, Facultad de Economía y Administración UC y Clapes UC
Si los tres retiros sucesivos de 10% de los fondos de pensiones fueron una mala idea, la propuesta de retirar el 100% de los fondos restantes es aún peor. La razón es muy simple: independiente de quién esté en el gobierno y quién en la oposición, las pensiones deben financiarse y para eso es necesario ahorrar. Sin ahorros no hay pensiones, independiente de quién gobierne. Los ingresos corrientes del Fisco no permiten pagar pensiones y los sistemas de reparto fracasan por las tendencias demográficas actuales, que por cierto ocurren también en Chile y de manera muy notoria.
Y este ahorro debe ser forzoso e intocable (hasta el momento del retiro), porque las personas somos miopes (en sentido figurado): vemos muy bien lo que está cerca, pero muy borroso lo que está lejos. Por eso es difícil tomar decisiones cuyos costos son inmediatos y cuyos beneficios se ven lejanos en el tiempo. Nos cuesta empezar la dieta o dejar de fumar y nos damos cuenta del error cuando ya es muy tarde; lo mismo ocurre con el ahorro para la vejez.
Si dejamos que las personas tengan acceso a lo que queda de sus fondos muy pocos los guardarán para su vejez y en las próximas décadas tendremos un problema serio: los futuros adultos mayores no tendrán pensión y el Fisco no podrá ayudarlos, menos después de todos los gastos que la pandemia ha implicado.
La preocupación por una eventual “nacionalización” de los fondos es válida, pero supongamos que no habrá una expropiación, sino el problema se reduce a quien los administra: AFP o un ente estatal. Las pensiones en Chile son bajas (como porcentaje del último sueldo) no porque las AFP hayan administrado mal los fondos; de hecho, de cada $3 en las cuentas $2 son resultado de la rentabilidad obtenida y solo $1 de los aportes. Tampoco porque la comisión por administración sea muy alta (esa se paga aparte del aporte al fondo). Las pensiones son bajas porque se ahorra poco (10% del sueldo versus 18% en los países OCDE), porque las expectativas de vida post retiro son, afortunadamente, altas (20 años para los hombres y 30 para las mujeres) y porque las personas presentan muchos años laborales sin cotizaciones (baja densidad de cotizaciones). Estos problemas deben resolverse independiente de quién administre los fondos.
Ahora bien, si la administración queda en manos del Estado, por un ente cuyas autoridades son nombradas por el gobierno de turno u otras autoridades políticas, es altamente probable que los fondos se usen para financiar proyectos “sociales” con una alta rentabilidad política, pero de dudosa calidad económico-financiera y, por ende, baja probabilidad de recuperación. Si no fuera ese el propósito, ¿para qué podría querer la oposición terminar con las AFP? No sé usted, pero yo prefiero que mi plata la administre un ente privado bajo una celosa vigilancia del regulador (Superintendencia de Pensiones) y no el gobierno de turno.
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