Retorno seguro a las aulas

Por Carolina Flores C. Decana Facultad de Educación, U. Alberto Hurtado

Las investigaciones en neurociencia sugieren que el cerebro prefrontal o ejecutivo que nos ayuda a aprender y a planificar depende del correcto desarrollo del sistema límbico encargado de las emociones y el comportamiento. Dicho de otro modo, es difícil aprender cuando te sientes amenazado o poco contenido. En este contexto de tanta incertidumbre y tan desafiante para las familias, una interacción pedagógica y humana segura entre docentes y estudiantes (es decir, accesible, disponible, responsiva y consistente para el alumnado) hace del docente una fuente clave de desarrollo emocional, lo cual es evidentemente más factible en presencialidad. Así, es razonable plantear que niños deben volver al colegio para su correcto desarrollo emocional y por lo tanto ejecutivo y racional.

Pese a lo cierto de la necesidad de la presencialidad, asegurar las condiciones para un retorno seguro, ha sido una tarea muy compleja. Mientras los establecimientos con más recursos han establecido medidas empíricamente demostradas para el retorno seguro, aquellos con menos recursos, sobretodo en la educación pública, se han visto entrampados en esta larga y agotadora pelea entre un Ministerio de Educación que empuja al retorno, y la atendible exigencia por parte del Colegio de Profesores de asegurar condiciones mínimas la seguridad del mismo. La acusación constitucional que se presentó y rechazó contra el ministro de Educación, al ser un asunto meramente político que desvía el foco de la conversación, claramente no es el camino para solucionar el problema de fondo: que todos y todas tengan las mismas oportunidades educacionales (cosa que claramente no fue posible en la educación virtual) evitando ensanchar la gran brecha socioeconómica en este y otros aspectos.

No obstante, el gobierno y las instituciones del Estado pueden y deben hacer mejores esfuerzos para facilitar el proceso de retorno a la presencialidad. Primero, el problema no radica netamente en la disponibilidad de recursos. La planificación e implementación correcta de medidas preventivas, la gestión de los recursos, y el apoyo en la planificación de la operación para el cumplimiento de los aforos debe ser una tarea prioritaria para el sector público y condición para empujar el retorno. Cuando estas responsabilidades recaen en el nivel central, no solo se asegura equidad en las condiciones de operación, sino además se da garantías a los equipos para focalizarse en el liderazgo pedagógico, y a los docentes para generar una buena y tan necesaria interacción pedagógica y humana. Segundo, es importante atender a las condiciones laborales de los docentes y asistentes de la educación, quienes pueden ver aumentada su carga de trabajo por tener que atender una mayor cantidad de grupos de estudiantes y en distintas modalidades. El reconocimiento de horas extra, el aumento de la dotación en aquellos colegios y el monitoreo del estado psicológico y emocional de docentes son condiciones necesarias para el retorno que deben ser aseguradas por el nivel central.

Finalmente, es importante tener una mirada de largo plazo y aprender del problema que la pandemia ha presentado para la educación formal. La formación de docentes en la contención y atención al desarrollo emocional de sus estudiantes es fundamental en la formación inicial docente. CNA, CPEIP e instituciones formadoras debiéramos trabajar mancomunadamente para que esto sea una realidad.