Por César Barros, economista
Hace más de un año, en esta misma columna me referí a este tema. Ahora vuelve a la palestra, y no sin causa. Señalaba entonces que el sistema tenía incentivos perversos. Aunque entonces no conocía todos sus números, que ahora son de público conocimiento, ¿cuáles eran los incentivos perversos del CAE?
Todos parten y llegan por el aval indiscriminado de Moya (o sea, el Estado chileno) a bancos, universidades, CFT’s e IT’s. Cuando hay un aval de primera clase (¿se acuerdan del marido de Doña Flor?), los prestamistas pierden todo interés en analizar y aquilatar el riesgo del sujeto primario del préstamo, en este caso, el estudiante. Da lo mismo en qué universidad estudia, da lo mismo su puntaje, y da lo mismo la carrera que pretende financiar. Si tiene o no empleabilidad, y si su enseñanza es o no de calidad, hay una matrícula que cobrar, y -para los bancos- un interés que ganar. Lo importante es que egrese; solo así corre el aval del Estado. Y si no termina, bueno, parte lo pierde la institución y otra el Estado. Depende de los años que “aperre”. Da lo mismo que estudie medicina en la PUC (ingresos futuros asegurados) o filosofía griega en la ex Universidad del Mar; cero capacidad de pago futura. De modo que universidades, CFT’s o IT’s -nada de lesos- abren carreras “atractivas”, como ocurrió con una imitación burda del personal de CSI Miami, que luego tuvo que cerrar. Y como el aval estatal corre en la medida que los estudiantes egresen, el incentivo está claro: egresarlos llueva, truene o relampaguee. Si egresa y no paga, se hace cargo el aval Moya, haya talento o no, tenga empleabilidad futura o no.
Después de varias décadas, el sistema creó numerosas universidades de dudosa calidad, varias de las cuales quebraron (Arcis, Del Mar, Del Pacífico, De la República, por nombrar algunas) y Moya se hizo cargo de una u otra forma de sus estudiantes y de sus deudas. Y cuando no pagan, el aval se hace cargo, pero ellos entran a Dicom (o como se llame ahora), con lo cual su empleabilidad se reduce incluso más.
Vean los números de 2019, pre Covid/estallido. Hay casi 600 mil deudores, de los cuales casi 250 mil eran morosos. De esos, el 76% había desertado. La deuda total es de US$ 7.600 millones, de los cuales la mayor parte la tiene ahora directamente su aval: el Estado. O sea, gran parte de la deuda ya es del Estado, y más encima, es incobrable. Los “financistas” poco han perdido, porque ahora tienen un riesgo A+ (aunque debilitándose) y su rentabilidad no ha sufrido merma.
Es injusto hacer un “perdonazo” a rajatabla. Pero sí es justo decir que buena parte de la deuda del CAE es una ficción contable del Estado chileno, que hace como que cobra, y hace como que le podrían pagar. Y la culpa es del bendito aval del Estado, entregado con generosidad inverosímil, y que ahora ha terminado haciéndose cargo (sin arrepentirse aún) de las deudas estudiantiles, de universidades, IT’s y CFT’s quebrados, y de carreras eliminadas. En definitiva, y previsiblemente, Moya ya pagó, y seguirá pagando, por culpa de un aval irresponsable, indiscriminado y mal diseñado. Sería bueno blanquear esta cuenta pública incobrable, y modificar de raíz esta locura.
