Robo de esculturas

SEÑOR DIRECTOR

Lo ocurrido en una hacienda de la comuna de San Francisco de Mostazal, al norte de Rancagua, donde un conjunto de estatuas y otros objetos patrimoniales fueron encontrados por la PDI, nos recuerda el robo de obras en el Club Alemán de Valparaíso y de la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico Nacional, ocurrido hace más de dos años. Ambas situaciones han puesto en entredicho la necesidad de resguardar los bienes culturales y/o patrimoniales del país.

El Estado, con sus representantes locales, es el principal responsable en generar estrategias para evitar el robo y tráfico, debiendo establecer prioridades para mejorar la protección del patrimonio cultural. De lo contrario, ¿cómo se pueden explicar los traslados de esculturas de un peso apreciable, pasando desapercibidas para la autoridad?

La nueva institucionalidad cultural del país no sólo debe fomentar las culturas, las artes y el patrimonio, sino que también salvaguardarlas. De lo contrario, la nueva cartera será una estructura ministerial más, pero sin el alcance que tiene como misión.

El robo y tráfico ilícito de bienes culturales y/o patrimoniales es un delito que, por muchos años en nuestro país, no fue motivo de preocupación real por parte de las autoridades políticas. Sólo en la última década, este tema alcanza realce, aumentando la colaboración interinstitucional al interior de organismos del Estado.

Las infracciones cometidas hacia nuestro patrimonio se deben, en gran medida, a un problema social, debido a que la educación ha sido incapaz de incorporar a todos los ciudadanos en la relevancia y el valor de los bienes culturales como parte de la memoria del país.

José Albuccó

Académico de la Universidad Católica Silva Henríquez