Royalty, el país merece una discusión seria

El impuesto específico a la minería que se paga en Chile es una forma de royalty. En la historia fidedigna de la ley 20.026 que lo estableció, queda claro que su justificación fue compensar el menoscabo patrimonial del Estado por la explotación de recursos minerales no renovables. Es decir, tuvo un fundamento de royalty, lo que permitió sostener que no se trataba de una discriminación arbitraria contra la minería. Si bien en algunos países el royalty se aplica sobre las ventas de mineral, en la práctica se permite deducir una serie de costos, de modo que termina pareciéndose a un impuesto sobre el margen operacional, que es como opera en Chile. Y es lógico que se descuenten los costos de extracción, procesamiento y comercialización, porque de acuerdo a los fundamentos de un royalty éste debería aplicarse al valor del mineral puesto en la tierra no a su valor de venta final. Chile tiene un verdadero royalty.

Nuestro royalty ha sido bien evaluado. Un estudio del BID del año 2020, midió la eficacia de los regímenes de impuestos en países latinoamericanos, en cuanto a su capacidad para recaudar sin afectar el desempeño productivo, y para el caso chileno encontró que “no reduce el tamaño de la torta por cada dólar recaudado en concepto de impuestos”. Esta ventaja se atribuye a la aplicación del royalty sobre el margen operacional y no sobre las ventas o la producción.

Este gravamen, junto al resto de los impuestos que paga la minería, da origen a aportes significativos, sobre todo en años de altos precios. Solo considerando el pago de impuestos de las 10 empresas mineras privadas más grandes (representan cerca del 80% de la producción), en los últimos 20 años (2000-2019) el pago de impuestos ha sido de US$ 46 mil millones, -un promedio de US$ 2.300 anuales– que ha representado el 5% de los ingresos fiscales. En el período 2005-2014, los años del último súper ciclo del cobre, el aporte tributario promedio de esas empresas subió a US$ 3.650 millones anuales y la participación en los ingresos fiscales subió a 8%. De acuerdo a cálculos oficiales, si el royalty o impuesto específico que comenzó a aplicarse el 2010, con tasas progresivas entre 5% y 14%, hubiera estado vigente durante todo el último súper ciclo, se habría recaudado casi US$ 4 mil millones más, equivalente a un incremento de 85%. Así de efectivo es nuestro royalty y si en un nuevo escenario de precios altos no llegase a repetir ese desempeño, en gran medida se explicaría porque los costos han aumentado y con ello han caído las utilidades.

En todo caso, el aporte de la minería va mucho más allá de los impuestos y una forma de mostrarlo es a través de la distribución de la “torta” que genera la minería privada. En los últimos 5 años (2015-2019), el 61% de la torta se la llevaron los trabajadores y los proveedores de insumos y servicios; los proveedores de bienes de capital se llevaron el 17%; al pago de impuestos se destinó el 6% y; a retiros y dividendos se fue el 16% restante. Este último 16% comparado con el 84% restante para trabajadores, proveedores y el fisco, muestra que la crítica de que la minería se lleva todo y no deja nada es solo una caricatura.

Por último, creemos que todo análisis del sistema tributario debe considerar una comparación entre lo que se paga de impuestos en Chile y en otros países. Un estudio de 2020 de la auditora Ernst & Young (EY) mostró que la carga tributaria de un proyecto minero, en Chile es 44,5%, mientras, el promedio en otros países mineros como Perú, Canadá, México y EE.UU. es 35%. Solo Australia nos supera con una carga de 52%. Hasta donde sabemos, es el único estudio con datos recientes, públicamente disponible, con metodología transparente y que permite una comparación razonable. Esta mayor carga tributaria de Chile no sería muy relevante si tuviéramos costos de producción comparativamente menores, pero no es el caso. Desde el año 2015 producir cobre en Chile es en promedio 30 centavos de dólar por libra más caro que en el resto del mundo. Así, un alza de impuestos llevaría a profundizar nuestra desventaja competitiva, haciendo menos atractivo invertir en Chile.

El país tiene pleno derecho a debatir sobre el impacto del alza del precio del cobre y la recaudación de impuestos, pero un debate tan trascendental debe hacerse en base a la evidencia y buscando un adecuado equilibrio entre la competitividad del sector, su desarrollo sostenible y los beneficios esperados para el país. La minería está disponible para colaborar en este propósito.

Presidente Ejecutivo del Consejo Minero