Royalty: la necesidad de un acuerdo razonable

Por Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería

La pandemia y la agenda social para el desarrollo sustentable del país exigen buscar una solución que contribuya al justo equilibrio entre mayores recursos para el Estado y mantener el atractivo del país para la inversión en minería. Todo ello, favoreciendo el empleo, el encadenamiento productivo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile y el desarrollo humano.

La minería es nuestro motor económico; sin ella, no se puede entender a Chile. Por lo mismo, necesitamos cuidar y promover la inversión en esta actividad. Nuestro país no cuenta con suficientes recursos para que sea el Estado el que invierta en minería, con retornos a nunca menos de 5, 8 y 10 años, ya que debe privilegiar esos gastos en una agenda social que permita dar respuesta a necesidades más importantes. Por su parte, los capitales privados chilenos por sí solos tampoco son suficientes para los proyectos de gran escala que requiere este distrito para ser competitivos.

Para dar vida a nuestra minería y su tejido de encadenamientos productivos requerimos miles de millones de dólares en inversiones de muy largo plazo. Quien esté dispuesto a invertir en la minería nacional asume riesgos asociados y retornos a largo plazo, más que cualquier otra actividad económica. Por tanto, Chile debe mantener su certeza jurídica y su estabilidad social para atraer inversiones, asegurar la producción minera y -con ella- los tributos para el Fisco, el empleo y su cadena de valor social y económica.

El proyecto de ley sobre royalty minero aprobado por la Cámara de Diputados, que se discute en el Senado en estos días, tal como fue aprobado por la Cámara puede implicar un grave daño para nuestra actividad minera, pues deja como inviables a la mediana minería y a buena parte de la gran minería. No nos parece razonable que sea aplicado sobre las ventas ya que, con los precios actuales del cobre, llegamos a una carga tributaria por sobre el 82% de las utilidades de las empresas que las tengan; es decir, el doble que cualquier país competidor. Y respecto a aquellas empresas que no las tengan ante precios inferiores del cobre, que la volatilidad de estos mercados los genera recurrentemente, les aumentará fuertemente sus pérdidas.

Además, este proyecto de ley desconoce la realidad de que las leyes minerales entre los yacimientos son muy distintas, así como pasa por alto las impurezas variables, durezas de la roca, procesos metalúrgicos diversos, distancia de los puertos, etc. Un royalty sobre las ventas no considera el distinto valor de cada mina para el Estado al desconocer nuestra realidad geológica, y esto no es justo ni para el Estado ni para las compañías mineras.

¿Qué significará en la práctica si seguimos con esta iniciativa tal como la hemos conocido? Si bien antes no ocurrió con una tributación razonable como la que hoy existe, un royalty sobre ventas y a tasas tan desproporcionadas provocaría, ahora sí, la pérdida de decenas de miles de empleos, tanto en la minería, como en sus proveedores y sus impactos indirectos en todo el resto de la economía nacional. Y para qué hablar de la debilidad social y geopolítica que se provocará de las regiones del norte de Chile.

El mundo hoy es global: todo lo que hagamos mal en Chile significará que otro país minero sabrá aprovecharlo mejor que nosotros. Por tanto, todo diálogo en torno a la recaudación minera debe ser hecho necesariamente sin perder de vista nuestra competitividad en los mercados de inversión. Siempre será mejor para la recaudación fiscal una mayor producción que una carga tributaria no competitiva, que finalmente bajará el monto de lo recaudado.

El llamado es a cuidar lo que hemos conseguido; por eso planteamos con decisión la necesidad de consensuar un acuerdo razonable para todas las partes que, tomando en cuenta las otras desventajas geológicas de nuestros yacimientos, en ningún caso supere la carga que tienen los otros países mineros que nos compiten. Y así lo daremos a conocer en nuestra presentación ante el Senado esta semana.