Ruptura de vínculos diplomáticos con Venezuela

El gobierno venezolano ha terminado de dar la estocada final a la relación diplomática con Chile, al determinar que nuestro país debía cesar los servicios consulares que estaba proveyendo en Caracas y Puerto Ordaz. Ya en agosto pasado el régimen había determinado la expulsión de todo el personal diplomático chileno, ello en respuesta a los cuestionamientos que hizo el gobierno chileno al proceso eleccionario del pasado 28 de julio, donde Nicolás Maduro se hizo reelegir mediante un grotesco fraude.

En enero pasado la Cancillería determinó poner término a la función del embajador chileno en Venezuela, ante la inminencia de que Maduro asumiera en su nuevo período. El gobierno de Chile ha planteado que a pesar de la drástica decisión consular adoptada por Venezuela, nuestro país mantiene su postura de no romper relaciones diplomáticas con dicho país y prefiere hablar de que las relaciones están “suspendidas”, aunque para el régimen venezolano es claro que están definitivamente rotas. 

Probablemente la razón que ha motivado esta reciente represalia se debe a que el gobierno chileno ha comenzado a elevar el tono contra el régimen ante la evidencia que ha acumulado la Fiscalía en la investigación del secuestro y asesinato del exteniente venezolano y disidente del régimen, Ronald Ojeda, donde afirma tener pruebas de que el asesinato fue orquestado por el número dos del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello. Ayer, durante la audiencia de formalización contra integrantes de una célula ligada al Tren de Aragua -a quienes se acusa de una serie de crímenes, entre ellos el de Ojeda-, el Ministerio Público proporcionó más antecedentes, como que el pago se habría orquestado en Perú. La ministra del Interior había planteado días antes que de confirmarse esta participación, Chile recurriría ante la Corte Penal Internacional. En la gira que el Presidente Boric hizo esta semana a Uruguay, volvió a referirse en duros términos al régimen venezolano. 

El gobierno de Chile ha sido señero en cuanto a denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el fraude electoral cometido por Maduro. Esa línea, coherente con los principios que nuestro país defiende en materia de política exterior, debe seguir siendo enarbolada, y de acreditarse en el proceso judicial que el régimen estuvo implicado en el asesinato del exteniente Ojeda cabe esperar una enérgica respuesta por parte de las autoridades chilenas.

Lo anterior no es incompatible con la necesidad de restablecer algún tipo de contacto diplomático con Venezuela, aun cuando sea a nivel consular. El hecho de que nuestro país ya no pueda ofrecer siquiera servicios consulares en territorio venezolano afecta a miles de compatriotas que residen allá, como también a los venezolanos que necesitan viajar a Chile, pero ello de algún modo se podría sobrellevar procurando que terceros países puedan asumir los servicios consulares a nombre de Chile. El mayor problema radica en los más de 700 mil venezolanos residentes en Chile, de los cuales más de 200 mil se encuentran en situación irregular, existiendo unas ocho mil órdenes de expulsión que aún no han logrado ejecutarse; sin algún tipo de vínculo diplomático, dichas órdenes en la práctica no podrán ser materializadas. 

De allí que la Cancillería deberá desplegar una hábil y presta negociación, que sin renunciar a la defensa de los principios que animan nuestra política exterior, a la vez permita recuperar contactos diplomáticos básicos de modo que no se afecten los intereses de Chile.