Sacando esqueletos del clóset
![Gobierno CUT](https://www.latercera.com/resizer/v2/2ANZWE2YAVG4JOOQ6NZROPXR2Y.jpeg?quality=80&smart=true&auth=2ce151c956ba4606992c2e371f12f8fbf425982107a2130d5cbacd35c2698ac1&width=690&height=502)
SEÑOR DIRECTOR:
Al gobierno le ha sido difícil avanzar en su agenda, no solo porque muchas de sus propuestas no son apoyadas por la oposición y por la ciudadanía, sino también por las contradicciones internas entre los que añoran enterrar a lo que llaman neoliberalismo y los que se dan cuenta de que esa agenda es perjudicial e inviable.
Luego de que fracasara el consenso interno en la condonación del CAE, parecen buscar iniciativas que logren apoyo de sus bases, sin costo fiscal evidente. Caen entonces en la agenda laboral, con una propuesta de ley de igualdad salarial por género, que ya existe (Ley 20.348), junto con la muy vieja idea de establecer la negociación ramal, o multinivel, como la llama el gobierno. Y lo de vieja no es solo porque es una demanda de la CUT que lleva décadas, sino también porque podría haber tenido validez hace 60 años, con una economía cerrada, en que el Estado fijaba precios de bienes y factores a través de negociaciones tripartitas con organizaciones laborales y empresariales. La parte más importante en la negociación, los consumidores, es decir, todos, quedaban fuera, pero pagando el costo de la falta de competencia.
En el contexto actual de mercados ojalá lo más abiertos y competitivos posibles, dar a los sindicatos el poder de fijar condiciones laborales a nivel de industria -además de lo complejo de definir esas industrias- tiene un claro aroma a colusión. Efectivamente, es evidente que empresas más grandes y con historia pueden dar a sus trabajadores mejores condiciones que empresas nacientes, pequeñas o que sirven a consumidores de menor poder adquisitivo. Igualar estas condiciones no solo daña la competencia, favoreciendo a esas empresas de mayor tamaño, sino que además reduce las ya bajísimas tasas de ocupación formal de los trabajadores de menor calificación (en el 20% más pobre solo un 12% de la población en edad de trabajar tiene empleo formal).
Definitivamente, se trata de una muy mala idea, y que solo se entiende, aunque no se justifica, por el objetivo del gobierno de fidelizar a su base de apoyo más extrema. Especialmente por los trabajadores, es de esperar que no prospere.
M. Cecilia Cifuentes
Directopra Centro de Estudios Financieros
ESE Business School
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