En julio de 2019, la Cámara de Diputados dio por cerrado el debate y, acto seguido, rechazó en general un proyecto de ley que buscaba corregir algunos de los problemas que ya a esa altura se hacían evidentes en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Casi seis años después, expertos convocados por el Mineduc y el Senado entregaron un informe que reconoce las mismas falencias y sugiere medidas que, sin bien insuficientes, apuntan a corregirlas. Cabe destacar entonces que, aunque tarde, es un avance el consenso en torno a la necesidad de enmendar las deficiencias de un sistema que ha generado tanto dudas entre los entendidos como insatisfacción en padres y apoderados.

Uno de los aspectos del SAE que mayor frustración ha traído es la eliminación de la selección por mérito académico. En efecto, los padres vieron cómo el esfuerzo de sus hijos y el consecuente resultado académico dejaba de ser reconocido al postular a establecimientos de alta exigencia. El informe se hace cargo de este punto y recomienda que liceos de alta exigencia académica puedan seleccionar hasta un 80% de sus estudiantes sobre la base del mérito académico. Eso es sin duda un avance, pero insuficiente toda vez que limita el instrumento de selección exclusivamente al rendimiento previo medido por el ranking de notas, dejando fuera otras alternativas como pruebas que midan aptitudes y conocimientos. El instrumento propuesto no solo es limitado, sino que genera dudas si se considera la experiencia acumulada en materia de admisión a la educación superior y cómo la excesiva ponderación de las notas de enseñanza media ha incidido en una inadecuada inflación de las mismas por parte de algunos colegios. Una batería más amplia de instrumentos de selección que pueda combinarse a criterio de cada liceo reduce esos riesgos y parece una solución más adecuada, en un contexto en que evitar las decisiones centrales y confiar en las escuelas es cada vez más necesario.

El informe también omite abordar un punto crucial para el desarrollo del sistema educativo: la libertad de enseñanza. Esta se manifiesta no solo en la existencia de proyectos educativos diversos, sino que en la posibilidad efectiva de los establecimientos educacionales de seleccionar a los estudiantes que mejor se alinean con su propuesta pedagógica, ciertamente sin incurrir en actos de discriminación arbitraria. Limitar la selección únicamente a los liceos de alta exigencia académica perpetúa una lógica que desconoce la legitimidad de otros modelos educativos que, sin ser de “excelencia académica”, también requieren espacios para aplicar criterios de admisión coherentes con su identidad. En esta línea, es destacable la posición de algunos de los expertos que abogaron por soluciones en esta dirección apuntando a resguardar el compromiso de las familias con el proyecto educativo y proteger la ya mencionada libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

El informe reconoce también la rigidez del sistema y la falta de atribuciones a nivel de cada escuela para resolver situaciones específicas que se dan durante el proceso, en gran medida derivadas de su excesiva centralización. No hay espacio aquí para analizar todas las medidas propuestas, las que apuntan en la dirección correcta, pero, al igual que el resto del documento, siguen siendo insuficientes.

Lo que está claro es que, así como hace seis años esta discusión se pretendió cancelar, hoy con este informe se vuelve a abrir.

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo, Instituto UNAB de Políticas Públicas