SEÑOR DIRECTOR:
El pasado 1 de agosto se publicó la carta de Jorge Gacitúa Muñoz titulada “Secreto bancario: ¿medida eficaz o politiquería?” y creo necesario precisar aspectos cruciales en relación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su recomendación 9, GAFI establece que las autoridades administrativas deben tener acceso directo a la información necesaria para cumplir con sus funciones sin trámites judiciales, de modo de dotar de eficacia a los sistemas antilavado para una respuesta rápida y efectiva ante actividades sospechosas.
La insinuación de que se intenta, en el proyecto de ley al que se hace alusión, eliminar el secreto bancario no sólo es errónea, sino que denota muy poca familiaridad con aspectos realmente relevantes sobre cómo operan los sistemas antilavado y el combate a la corrupción pública y también privada. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde hace años que tiene acceso a información financiera y nunca se ha conocido de un mal uso o abusos respecto de esta información.
Acá no hay colisión de derechos. No se vulnera la intimidad, pero las personas y las instituciones tienen que decidir cuál es el valor superior: ¿Seguimos ciegos ante el dinero que manejan las organizaciones criminales y que provocan cada vez más inseguridad o nos ponemos del lado de la transparencia y la inteligencia contra las bandas organizadas?
Por sí sola, estas atribuciones no van a erradicar el crimen, eso es verdad, pero los sistemas antilavado están diseñados para equilibrar la lucha contra blanqueo de capitales y la protección de los derechos fundamentales. Quienes comparten los temores del autor de la carta debieran tener en cuenta que el mundo globalizado y economías que siempre se ponen como marco de comparación con Chile, son tanto o más rigurosas en materia antilavado que el proyecto propuesto por el Ejecutivo.
Tamara Agnic
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