Por Jeannette von Wolfersdorff, Directora ejecutiva Observatorio de Gasto Fiscal
Impulsado por el distanciamiento social, Chile está experimentando un crecimiento exponencial del comercio electrónico. Comparado con el año anterior, en la segunda quincena de abril las ventas por este canal casi se triplicaron. Junto con ello aumentan los fraudes, y en consecuencia la búsqueda de soluciones, usando datos y huellas digitales. No todo es promisorio en este sentido porque hoy, crecientes cantidades de datos personales se pueden usar no solo para respaldar compras, sino también para afinar las correspondientes condiciones financieras. También está el riesgo de que datos personales pueden ser usados de forma creciente en el sistema financiero, sin consentimiento o sin transparencia frente a los propios consumidores, por ejemplo acerca de los algoritmos que se usan. De hecho, pocas personas tienen la capacidad para entender las decisiones de crédito que los afectan, y menos para negociar mejoras de las condiciones, basados en sus propios datos.
La asimetría de información frente al consumidor en el ámbito financiero debe ser motivo para pensar en un paquete de reformas, que se sumaría a varias otras reformas pendientes. En una carta interesante con el título “así se construye malestar social”, un director de empresas relató cuán difícil es prepagar créditos de personas sobreendeudadas. Ello es sensible dado que la actual crisis económica afectará ante todo a amplios sectores que ya están sobreendeudados. Juan Pablo Swett, de la Multigremial de Emprendedores, está entre quienes más ha advertido sobra las reformas necesarias en este sentido, aludiendo que prestarle fondos a personas que no tienen capacidad de pago, sería un abuso. Falta regulación, y sobra opacidad, y eso favorece desproporcionalmente a las cadenas de comercio e instituciones financieras.
Irónicamente en otro ámbito del sector financiero nos sobra transparencia, en relación con las cuentas vista. Se ofrecen en la banca privada, aunque su principal canal comercial debería ser el Banco Estado, con doce millones de cuentas RUT al concluir el 2019. Si bien aportan a la inclusión financiera por un lado, resultan ser discriminatorias a la vez, y no solo por la restricción de depósitos que pueden recibir, condición que afecta especialmente a Pymes. Preocupa también que estas cuentas dejen al descubierto quiénes son las personas que nuestro sistema financiero considera “de segunda categoría”, por su nivel de renta. Cuando una persona natural, un(a) profesional, o una Pyme da como dato bancario una cuenta vista, queda inmediatamente al descubierto que es alguien con reducido respaldo financiero.
En cambio, el sentido común indica que cualquier clasificación de la capacidad de pago de las personas debería ser una condición que solo se conoce entre banco y cliente. “Es clave no dar tus claves” dice muy bien un eslogan en una publicidad de un banco comercial. Pero en este sentido, pienso también es clave que los bancos no entreguen datos claves sobre sus clientes a toda la sociedad.
