Por Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach
El pasado 6 de mayo, el Congreso aprobó la moción que permite renovar, por segunda vez, la vigencia de la Ley de Servicios Básicos. Esta obliga a las empresas de suministro de electricidad, gas por cañería y agua potable a no interrumpir el servicio a los usuarios que mantengan sus cuentas impagas, siempre que cumplan con los requisitos fijados por ella. La norma se extiende hasta el 31 de diciembre del 2021, sumando así 18 meses. Los usuarios, por su parte, tendrán el “beneficio” de pagar esa deuda acumulada en hasta 48 cuotas sin multa ni intereses.
Aunque esto parece una buena noticia, la verdad es que no lo es. Se trata de un alivio artificial y temporal, casi como si fuera tomar un paracetamol para calmar el dolor de un cáncer que crece rápidamente. Estamos hablando de una deuda de 18 meses.
Mientras algunos califican de “beneficio” poder pactar en cuotas –como si estuviésemos hablando de la compra de un TV o un teléfono de última generación-, las deudas de miles de familias chilenas en sus cuentas de servicios básicos seguirán creciendo hasta diciembre, como la ola de un tsunami que en algún momento caerá sobre sus bolsillos, ya golpeados por la pandemia.
Desde el Congreso se ha propuesto un mecanismo tripartito de alivio realista. Este asume que una parte de la deuda debe ser asumida por el Estado y las empresas. La reacción de la autoridad de energía fue argumentar que 2/3 de la deuda acumulada por la Ley de Servicios Básicos corresponde a los usuarios que tienen consumos por sobre los 200 kWh mensuales, proponiendo que la ayuda de financiamiento de la deuda deba ser focalizada en ese 1/3 restante que supuestamente consume menor electricidad, que implícitamente las clasifica como familias vulnerables.
Pareciera que la autoridad pensara que una familia que consume 250 KWh o 350 kWh de electricidad al mes, y que debe estar encerrada en su casa por la pandemia, es lo suficientemente rica para no merecer el apoyo del Estado.
Resulta incomprensible esa lógica. Solo el uso de una estufa eléctrica durante 4 horas al día puede consumir por los menos 125 kWh al mes. Entonces, mientras el ministro pregona que una de sus prioridades es reemplazar la leña por electricidad en invierno, en zonas altamente contaminadas, luego pareciera ser un castigo tener un mayor consumo.
El mero uso de calefacción aumentará en los próximos meses de invierno por la llegada de las bajas temperaturas. Sumemos el aumento de otros consumos por mayor iluminación y uso de aparatos eléctricos. Además, es probable que persistan grados del confinamiento hasta septiembre.
La realidad es totalmente opuesta a lo que plantea la autoridad. Lamentablemente, esta parece seguir desconectada de realidad de la crisis. La vulnerabilidad de las familias hace obsoletas la focalización dura en que la autoridad de energía sigue insistiendo. El propio Presidente Piñera lo reconoció cuando suprimió las restricciones para acceder al IFE, avanzando hacia una política pública más universal. El estallido social y la pandemia prevalecen sobre dogmas.
Es clave que la ayuda a las familias chilenas sea universal, sin discriminaciones arbitrarias basadas en una sabiduría convencional que está lejos de permitir un respiro a los bolsillos de esas familias. En esa línea es que propusimos al Senado una fórmula que permite la solidaridad para distribuir la deuda total que acumulará la reciente prórroga de la Ley de Servicios Básicos.
Esperemos que se pueda retomar, a la brevedad posible, la búsqueda de una solución estructural a este problema, que signifique una real ayuda a las familias y no sólo un “beneficio” en cómodas cuotas.
