¿Seguirá Chile siendo un país minero?

Por Julio Cifuentes, ingeniero civil metalurgista y presidente de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH). En estas reflexiones han participado Juanita Galaz, ingeniera civil de minas y ex directora de Enami; María Isabel González, ingeniera civil de minas; y Jorge Pedrals, ingeniero civil de minas.

Nos parece importante presentar este texto como un aporte en este particular momento, porque los recursos minerales presentes de cordillera a mar y de norte a sur, son parte de nuestra identidad. Nuestra historia y su economía están estrechamente ligadas a la minería. Chile siempre ha sido un país minero, eso lo hemos escuchado tantas veces…

Pero, ¿podemos asegurar que seguirá siéndolo?

Los últimos años han sido particularmente duros para la industria y nos han puesto en una tremenda encrucijada que debemos corregir, si queremos aprovechar el potencial de desarrollo y crecimiento que nos ofrece la minería.

Esta actividad es de largo plazo y requiere de certezas y estabilidad para poder materializar las millonarias inversiones que requiere, no basta solo contar con el potencial geológico. Lo que ha hecho crecer a Chile en las últimas décadas fue la relación virtuosa entre los recursos mineros y la seguridad que ofreció a quienes corrieron los riesgos: esta fue la clave para posicionarnos sobre otros países mineros competidores directos. Pero, lamentablemente, hoy el escenario parece ser diferente.

Hay tres aspectos que nos están impactando particularmente y que se han agudizado en los últimos años.

Primero, las modificaciones al régimen tributario. En los últimos 17 años la minería ha experimentado cinco cambios en este aspecto. De por sí, eso supone una tensión para la industria la cual, en el mismo tiempo, ha visto disminuir su participación como principal productor de cobre: si antes Chile representaba el 36%, ahora solo es un 26%. Esto se explica principalmente porque el nivel de costos y riesgos es mayor que en otros distritos mineros como Canadá, Australia o Perú. Hoy en Chile, por ejemplo, sale más caro invertir y producir cobre que en Perú.

En este contexto hemos conocido el proyecto de nuevo royalty presentado por el gobierno, estructurado en dos componentes: uno ad valorem, que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000; y otro componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios entre dos y seis dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que varían según el precio del cobre.

Chile hoy tiene espacio para aumentar la contribución de la minería, ya que las tasas efectivas están en el orden del 40-41%, situándonos en la parte baja del ranking. Con el proyecto que se discutió el año pasado en el Senado quedábamos en torno al 50%, cifra que aún es competitiva con otras jurisdicciones, pero transformándonos en un país “caro”. Pero el proyecto presentado recientemente, quedaríamos con tasas efectivas de hasta un 57%, según informó el Ministerio de Hacienda. De aprobarse tal como está el proyecto, quedaríamos en el rango más alto respecto de otras jurisdicciones mineras del mundo, sin hacernos cargos de la realidad geológica de nuestros yacimientos.

En los últimos días hemos conocido análisis de prestigiosas instituciones (Barclays, CRU Consulting, U. de Chile, etc.), así como los informes de diversos especialistas y académicos (varios de ellos han sido citados por este medio, algunos con sensibilidades cercanas al gobierno) y no encontramos una sola voz disidente: todos coinciden en que la propuesta del Ejecutivo es perjudicial para el desarrollo de la minería, ya que aumentará el riesgo de invertir en Chile.

¿Consecuencias? Las empresas mineras seguirán operando en Chile, pero las inversiones se destinarán a otros países. Y si no hay inversión, la capacidad productiva continuará decayendo, disminuyendo el tamaño de nuestra minería, afectando sus encadenamientos productivos y, por cierto, será menor la recaudación para el Fisco. Para que Chile mantenga su capacidad productiva, al menos debe concretar una cartera de inversiones de aproximadamente US$69.000 millones de acuerdo con Cochilco.

El segundo punto es la tramitación ambiental de los proyectos. Cumplir con la ley medioambiental, y obtener los estrictos permisos para desarrollar un proyecto no asegura nada. En el último tiempo, vemos con preocupación cierto sesgo contra esta industria. Claramente los fundamentos técnicos, en los que se basa la revisión de las DIA y los EIA se han debilitado, perdiendo peso en la decisión final de la Dirección Ejecutiva o de las Comisiones de Evaluación Ambiental Regionales (COEVA).

Para que los proyectos mineros sean compatibles con el modelo socio ambiental que se empuja en Chile, justamente al poner en el centro a las personas y el territorio, es que debemos ser capaces de conciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo regional y territorial. Lo anterior no lo estamos logrando como país, cuando en un lapso de menos de seis meses, al menos cinco proyectos mineros que contaban con un Informe Consolidado de Evaluación favorable para su construcción, fueron rechazados en una instancia política como son los Coeva. Más aún, la ministra de Medio Ambiente solicita al SEA que revise el permiso ambiental de Salares Norte, proyecto que está en plena etapa de construcción. Esta es una nueva señal que daña la confianza y la certidumbre y transforman a Chile en un país menos confiable para invertir. No podemos olvidar que en las regiones del norte de Chile, la minería es responsable de manera directa e indirecta de hasta un 60% del empleo, con un promedio de más de un 32% entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso.

Finalmente, el tercer punto se refiere al debate constitucional, discusión necesaria considerando que la amplia mayoría de la ciudadanía se manifestó a favor de contar con un nuevo texto constitucional. Con preocupación vimos cómo se cuestionaba esta actividad productiva y el aporte de la minería al desarrollo del país. La minería es por lejos el sector que más ha contribuido al desarrollo del país, actualmente representa más de un 10% del financiamiento del presupuesto de la nación, aparte de su contribución de cerca de un 10% del PIB y, más importante aún, la generación de enclavamientos productivos que aumentan de manera significativa su importancia. Lamentablemente, la Convención ignoró las propuestas que desde el sector se presentaron para promover una minería más moderna e inclusiva. Una mala señal para una industria que veía con estupor que se promovían iniciativas constitucionales de nacionalización y de anular las concesiones mineras para pasar a autorizaciones administrativas.

Más allá de que estos planteamientos finalmente hayan sido descartados, esta discusión debe haber impactado negativamente la confianza de largo plazo, necesaria para acoger las inversiones que mueven al sector, y también la economía del país. Asimismo, el brevísimo texto sobre minería aprobado por el Pleno significó, en la práctica, que los pilares fundamentales de la actividad minera no hayan quedado consagrados en el borrador de la nueva Constitución. Más que una regulación minimalista, la regulación del sector minero en la nueva Carta Magna es una normativa incompleta, la cual podría quedar sometida a los vaivenes de mayorías circunstanciales y no ofrecer certezas ni seguridades de largo plazo.

Es efectivo que la minería tiene una serie de desafíos pendientes que abordar, tales como aumentar su contribución al erario nacional y minimizar la intervención en el territorio a través de proyectos sostenibles y colaborativos de infraestructura entre empresas y con la comunidad, por mencionar algunos; pero lamentablemente la discusión actual nos lleva cada día más a un diálogo de posiciones encontradas, no de colaboración.

En definitiva, inestabilidad tributaria, rechazos ambientales pese a contar con las aprobaciones técnicas y el fuerte cuestionamiento desde el punto de vista constitucional son una mala mezcla que no está ayudando a la que es y ha sido, por lejos, la principal actividad aportadora al desarrollo de Chile.

Lo anterior nos hace volver a la pregunta inicial de este texto: ¿Seguirá Chile siendo un país minero?