Seis meses del gobierno de Sebastián Piñera

Tras el gobierno de Bachelet gran parte del país entendió que estaban en riesgo sus posibilidades de progreso: una tendencia al gasto público siempre creciente como proporción del PIB, sería una amenaza de endeudamiento, o de impuestos crecientes; una legislación laboral que consagró condiciones en favor de los sindicatos, operaría como un impuesto sobre la inversión; una animosidad contra la participación privada, en previsión y, particularmente, en educación, privaría a este sector -clave para asegurar la calidad de la fuerza laboral- de la pujanza privada; una reforma tributaria, gravosa para la inversión y técnicamente defectuosa, dificultaría el desarrollo de los negocios de todos los tamaños. Restablecer reglas del juego creíbles y conducentes al desarrollo fue la tarea de gran envergadura que suscitó el apoyo de la población en favor de la candidatura de Chile Vamos.

A seis meses de iniciado el gobierno, no es claro cuánto se avanzará en restaurar los daños que ocasionó la Nueva Mayoría a la institucionalidad propia de una economía social de mercado. Ciertamente, se le debe reconocer al gobierno por haber enfrentado tempranamente problemas pendientes, como la crisis en Carabineros; por promover una legislación que facilite la actividad de mujeres trabajadoras, y por haber movilizado voluntades para avanzar en soluciones políticamente transversales a los problemas del Sename y de La Araucanía. Pero en temas de gran significación, donde se anticipa una confrontación política mayor porque se cuestiona el "legado" de la Nueva Mayoría, no hay aún propuestas contundentes. Incluso, donde se han explicitado objetivos, como en materia educacional tras la salida del ministro Varela, los planteamientos oficiales no parecen contener propuestas de corrección relevantes.

Es importante consignar, para comprender la parsimonia del gobierno, la grave actitud de la oposición que, en una suerte de negación del reproche ciudadano implícito en los últimos resultados electorales, busca impedir cualquier corrección institucional significativa en que el Ejecutivo pretenda avanzar. En un cuadro político disperso, post sistema binominal, pendiente la revisión de las propuestas de la izquierda, y gracias a la indefinición resultante y a una pretendida priorización de los derechos humanos, las corrientes en ese sector actúan por ahora unidas para confrontar las iniciativas del gobierno o inducir la destitución de sus autoridades.

Que, en este cuadro político, el gobierno haya avanzado un proyecto de reforma a la estructura tributaria del país, abre un nuevo capítulo en su gestión. Ciertamente, esta nueva etapa también deberá considerar correcciones en lo laboral, educacional y previsional. El solo hecho de poner en la discusión los graves defectos del "legado" de la Nueva Mayoría en estas áreas, es de gran valor para el país. Con avances suficientes en los instrumentos que se diseñen, tal que el país pueda recuperar una institucionalidad económica conducente al desarrollo, se habrá concretado la "Segunda Transición" que visualizó el gobierno. Un desafío mayor, con resultados trascendentes.