A seis meses de la ley de inclusión laboral: los esfuerzos pendientes

La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad es un hito naciente dentro del recorrido que tiene nuestro país en materia de diversidad. Las empresas están informándose al respecto, con un interés que proviene incluso desde sus directorios; están abriéndose a cambiar sus culturas internas para hacerlas más inclusivas y enfocándose en procesos de contratación donde muchas de ellas, pues aún falta una parte importante, están acudiendo a los apoyos necesarios para hacer una intermediación laboral efectiva y perdurable. Así este 1 de octubre están, además, cumpliendo con la obligación de visibilizar y registrar estas contrataciones en la Dirección del Trabajo.

Sin embargo, hay dos actores más fundamentales en esta ecuación que creemos deben asumir un rol también protagónico para que el hito que está generando la ley sea coherente y sostenible con la realidad y permita a este impulso convertirse en gatillante de un cambio de paradigma social. Estos son las personas con discapacidad, y su entorno más cercano, y el Estado.

Así lo primero es decir que todas las acciones que ejecutamos como país en torno a la discapacidad surge a partir de la data que nos arroja la ENDISC II del año 2015 la cual por su naturaleza de encuesta y no de censo no es el instrumento idóneo para la toma de decisiones que nos permitirán avanzar y profundizar en el desarrollo de la discapacidad. Es fundamental que desde el Estado se promuevan programas de difusión dirigido a la ciudadanía respecto a los beneficios y a la relevancia de sumarse al Registro Nacional de la Discapacidad que permita ir mitigando la reticencia histórica de la población con discapacidad a ser parte bajo la comprensible suposición de que ser "acreditados" es una manera más de ser estigmatizados dentro de la sociedad.

Hasta hace unos meses, sabíamos que sólo el 8 por ciento de la población con discapacidad se encuentra visibilizado en este instrumento, demostrando que tenemos un desafío crucial de fortalecerlo porque tener un catastro acabado y rico en datos cuantitativos y cualitativos nos permitirá conocer de mejor manera el contexto de discapacidad, las complejidades y las necesidades a las que se enfrenta esta comunidad en el ámbito personal, profesional y social. Sólo teniendo un diagnóstico certero y actualizado podremos crear políticas públicas más conectadas con la realidad, más sostenibles y efectivas para el propósito de inclusión.

En ese contexto, la nueva ley de inclusión laboral 21015, que estipula que la credencial que entrega la Compin como parte del Registro es requisito para postular a un empleo, es una tremenda oportunidad que no debiéramos desperdiciar. Nos brinda un escenario propicio y favorable para dejar de ver este instrumento como una "doble chapa" social y empezar a verlo como una vía de desarrollo como individuo y como sociedad. Pero el rol del Estado debe ir mucho más allá y debe verse con claridad en la implementación de la ley desde el punto de vista de la contratación, lo cual junto a un grupo de organizaciones sociales hicimos patente en los reglamentos sombra a la normativa.

Hoy en la ley existe un amplio margen de arbitrariedad en la obligación que tienen los organismos públicos y privados de incorporar a personas con discapacidad que es necesario discutir y compensar. Muchos servicios públicos cuentan con la facilidad para no hacerlo, bajo los argumentos de ausencia de cargos disponibles, de falta de interés de candidatos y de falta de accesibilidad universal en los recintos, todas suposiciones y no realidades que dejan gran espacio para la interpretación. La ausencia de interés debe contemplar el contexto de la discapacidad, donde el entusiasmo se puede ver mermado por ejemplo cuando el entorno organizacional se ve adverso por falta de preparación, y por tanto ser acreditada por un organismo externo o por una institución competente como puede ser una organización de la sociedad civil. La accesibilidad universal, por su parte, recordemos que está reconocida en la ley 20422 y que en pocos meses, por decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, deberán implementarla todos los recintos de uso público.

En consecuencia, los avances y los logros que hoy reconocemos en el sector privado, porque sabemos de primera fuente cómo se están acercando y comprometiendo con la diversidad y donde hoy casi mil las que han contratado a personas con discapacidad, deben ser complementados con los necesarios y esperados esfuerzos que asuman la comunidad con discapacidad y también el Estado.