En el debate sobre la nueva Constitución, algunos personeros y dirigentes políticos, apoyados por algunos constitucionalistas y académicos, han venido insistiendo en la necesidad de un cambio del actual régimen de gobierno a uno semipresidencial. Esta propuesta, que emana evidentemente del mundo político, se le disfraza de un diagnóstico errado: las amplias facultades del Ejecutivo frente a las exiguas atribuciones del Legislativo son parte de las causas de la actual crisis política. Aunque esta idea viene rondando incluso antes del movimiento social, a partir de éste ha quedado en evidencia lo inconveniente y perjudicial para nuestra convivencia democrática. Es un intento más del mundo político de pasarnos gatos por liebres.
Nuestra tradición republicana y constitucional ha descansado, desde los albores de nuestra independencia, en un régimen presidencial, incluso durante las constituciones de 1833 y 1925, bajo las cuales se sufrieron varios quiebres institucionales. No obstante estas graves crisis políticas, nuestra cultura e idiosincrasia nos inclinaron por mantener el régimen presidencial. En esta ocasión, nada indica que debamos abandonar este modelo. Hoy más que nunca necesitamos restablecer la importancia del presidencialismo y alejarnos de cualquier otro modelo que no se ajuste a nuestra tradición constitucional. Nuestro país no está para experimentos irresponsables, menos en épocas de crisis como la actual.
Como toda crisis política, la nuestra tiene orígen multicausal. Me detengo en dos. La primera es la duración del mandato presidencial. Desde 2006, período que coincide más o menos con el inicio del deterioro de la calidad política, la duración es de cuatro años, plazo insuficiente para hacer grandes transformaciones de largo plazo. La contingencia de corto plazo los transforma en jefes de gobierno y no en jefes de Estado. Transformados en una suerte de primer ministro, su gestión se ve absorbida por la coyuntura política. Cumplir su mandato y programa hasta el final del período y asegurar la reelección de su coalición impiden desarrollar políticas de Estado, más aún si para ello necesita mayorías parlamentarias que en el Congreso no siempre están disponibles.
Pero tampoco el Congreso ha mostrado estar a la altura de lo que el país necesita. Ejemplos abundan: la presentación de proyectos abiertamente inconstitucionales, además de populistas e irresponsables, el ejercicio abusivo de sus atribuciones, incluyendo acusaciones constitucionales artificiales, y un obstruccionismo majadero de las mayorías parlamentarias, configuran un cuadro de “parlamentarismo” imprudente que levantan una señal de alerta sobre la conveniencia de avanzar hacia un sistema semipresidencial.
Nuestra tradición constitucional y la inmadurez e insensatez de nuestro sistema político aconsejan mantener el régimen presidencial, con algunos perfeccionamientos. Aumentar el plazo del mandato presidencial no necesita una nueva Constitución. Y más que una nueva Carta Fundamental, necesitamos un nuevo Congreso.
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