Señales de alerta ante realidad carcelaria

Si bien el 14% de quienes se encuentran privados de libertad en los recintos que dependen de Gendarmería de Chile corresponden a ciudadanos extranjeros, llama la atención el informe de esa institución que revela la situación que se presenta en las unidades del Norte Grande, donde la población de origen foráneo representa el 45% de la población penal, y específicamente en la Región de Tarapacá, en la cual ya sobrepasó el 50%. Es evidente que las cifras se alejan de la representación de la composición porcentual de la población de la zona, por muy alta que haya sido la inmigración en los últimos años.

Pero más allá de la cifra, que viene a confirmar una tendencia que se viene dando en esos penales desde hace un tiempo, preocupa lo que ello implica para el personal de Gendarmería en cuanto al perfil de quienes se encuentran allí, particularmente por la naturaleza de los delitos cometidos por quienes están condenados o sujetos a prisión preventiva, en muchos casos asociados a narcotráfico y en algunos vinculados a organizaciones con conexión extranjera, como los brazos locales del Tren de Aragua. Una situación que si bien ha significado tomar medidas especiales, como la cárcel de alta seguridad en Arica, exige dotar de nuevas herramientas al personal y una capacitación específica.

Es necesario ir anticipándose a la actuación y coordinación de grupos organizados dentro de los recintos penitenciarios, especialmente cuando se constata el aumento del número de internos a nivel nacional -que ya superó las proyecciones que el ministro de Justicia había hecho en marzo del año pasado, sobrepasando las 55 mil personas-, imponiéndole mayor presión al sistema carcelario. Y aun cuando la situación del país en la materia no es como la que derivó en Ecuador, donde se perdió el control de las unidades penales a manos de organizaciones relacionadas con el crimen organizado, hay señales que no se pueden desatender, considerando que ya han sido identificadas bandas en el interior de las mismas, se han verificado extorsiones a otros internos y en las permanentes incautaciones es habitual que se recojan abundantes armas, celulares y droga.

Por ello es importante que el Presidente tomara nota de lo ocurrido y haya solicitado informes sobre la situación de las cárceles en el país. Con todo, lo relevante son las decisiones que se tomen en cuanto a la política carcelaria que posibilite una adecuada separación de los internos de acuerdo a los grados de peligrosidad, poder intervenir oportunamente para evitar que se transformen en centros de reclutamiento para las mismas organizaciones criminales, y que exista personal en cantidad suficiente para poder desempeñar eficazmente el cuidado de los internos.

Se prevé que la población penal seguirá creciendo, lo que demanda urgencia en anticiparse y acotar los riesgos que puedan incubarse. El caso ecuatoriano es ilustrativo de lo rápido que se puede desbordar la situación cuando no se adoptan medidas a tiempo.