Hace ya varios años el país se encuentra en una situación incómoda en varios temas de políticas públicas: educación y pensiones son algunos casos emblemáticos. Se generó una distancia significativa entre la élite política y la ciudadanía. Mientras el 80% de la ciudadanía declaraba, por ejemplo, ser partidaria de una mayor responsabilidad del Estado en educación y pensiones, solamente el 30% de la élite política declaraba lo mismo (PNUD, 2015).
Pero, según los modelos de “elección pública” (public choice), en democracia las políticas públicas que se diseñan deberían ser coherentes con las preferencias sociales. Así, en países en donde hay una fuerte aversión a la desigualdad, como Chile, en general se observan servicios públicos universales en educación y salud, entre otros, cargas tributarias altas y progresivas, fuerte uso de seguros sociales en desempleo, salud y pensiones, más participación femenina en cargos de poder y una mayor redistribución en los beneficios de las actividades productivas.
La actual Constitución, sin embargo, limitó sistemáticamente cambios en esta dirección, a través de la subsidiariedad del Estado en las políticas sociales, un sistema electoral poco proporcional (aún binominal en el Senado), concentración del poder en el Ejecutivo y a través de los dictámenes del Tribunal Constitucional. Todo esto terminó en instituciones políticas lejanas a las preferencias ciudadanas, que generaron una crisis de legitimidad y confianza.
Adicionalmente, Chile arrastra niveles de desigualdad históricos altos en muchas dimensiones, tanto materiales como inmateriales. Por una parte, el uso de políticas sociales mercantilizadas y privatizadas hicieron que estas desigualdades se traspasaran al acceso de bienes públicos, los que usualmente están ligados a la generación de igualdad de oportunidades, afectando este objetivo. Por otra parte, estas desigualdades afectaron el correcto funcionamiento de las instituciones políticas a través del (ab)uso del lobby y otras formas de afectar las política públicas, que terminaron defendiendo intereses particulares en vez del “interés general”.
El proceso constituyente que estamos viviendo es una oportunidad para superar estos problemas. Tanto el desalineamiento de las preferencias sociales, como los efectos directos e indirectos de las desigualdades en la política pública.
La Convención Constituyente recién electa es un importante primer paso, porque es diversa y con una fuerte presencia de personas de sectores tradicionalmente no representados en las instituciones políticas en los últimos 30 años. Esto es un buen comienzo, porque es probable que cuente con el reconocimiento y legitimidad social que se necesita para que el proceso ayude a superar la crisis de legitimidad. Asímismo, es de esperar que se logren reflejar en la nueva Constitución reglas más democráticas, transparentes e inclusivas en la toma de decisiones, que permitan a las instituciones políticas representar mejor las preferencias sociales, generando cambios en las políticas públicas coherentes con estas.
La desigualdad es difícil de superar, pero existen países que logran, con políticas redistributivas y seguros sociales, reducir hasta en 50% los niveles de desigualdad generados por los mercados, generando sociedades con mayores niveles de bienestar y cohesión social.
La nueva Constitución establecerá las nuevas bases para enfrentar los múltiples desafíos que tenemos como sociedad en el próximo medio siglo. En el ámbito de la democracia, definiendo instituciones políticas y administrativas que nos permitan superar la crisis de legitimidad y recuperar la confianza en las instituciones. En el ámbito de los derechos sociales, definiendo nuevos espacios de responsabilidad colectiva para superar las demandas por seguridad social y bienes públicos de igual calidad para todos. En el ámbito de la economía, definiendo la propiedad privada y sus límites sociales, y los bienes comunes, que nos ayuden a enfrentar la crisis climática con un nuevo modelo de desarrollo.
Hacia allá debemos transitar en las próximas décadas. No había camino, pero ahora se esta construyendo uno. Un camino que esperemos sea de diálogo, pero con pleno reconocimiento del otro(a) como igual. Un espacio transparente en donde exista una comunicación fluida con la ciudadanía. Un espacio de diversidad política, pero lleno de inteligencia colectiva.
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