Por Jorge Burgos, abogado
Todos esperamos que el 2021 sea mejor, y la verdad que después de lo vivido en el año que se va no es para nada mucho pedir.
Como no se trata de incluir aquí ni deseos ni venturas personales, permítanme intentar uno colectivo. Si hay un desafío, de aquellos que marcan el destino común de la nación que nos pertenece, será la Constitución que nos otorguemos conforme al proceso en que ya estamos inmersos. Pedir que se dé en clima de debate, a veces áspero pero democrático, que aun los más radicales entiendan que la viabilidad de una nueva Carta Fundamental requiere acuerdos, por ende de cesiones. Sobre este objetivo hay esperanzas, pero también se ciernen riesgos; me referiré a uno del cual hemos sido noticiados días atrás.
Nadie podría criticar a los dirigentes del PC por no hablar claro. En las resoluciones de su reciente congreso lo han hecho respecto de cómo pretenden actuar en el futuro. Es evidente que los acontecimientos del 18 de octubre del año pasado les hizo ganar confianza en sus medios y, sobre todo, en las vías de hecho. Por ejemplo, abogan por eliminar el quórum de 2/3 de la Convención Constitucional para que esta “se convierta en una auténtica Asamblea Constituyente, posicionando no una Constitución mínima o neutra, sino que una Constitución pensada para los derechos y la soberanía del pueblo”.
No se trata de un plan como el que podría tener otro partido para lograr que sean elegidos muchos representantes de sus filas, y conseguir así una mayoría propicia en la Convención. Eso estaría dentro de las reglas del juego. En su caso, sugiere otra cosa: combinar lo conseguido con los votos y lo que llaman la “lucha de masas”, mantener un pie dentro y el otro fuera de las instituciones. De allí surge la idea de rodear el funcionamiento de la Convención con acciones de presión callejera sobre sus integrantes, lo cual es toda una advertencia para los candidatos a convencionales.
En buenas cuentas, el PC considera que la Convención no debe mantenerse dentro de las reglas pactadas, sino ir más allá de lo establecido. ¿Hacia dónde? No es muy claro, pero hay motivos para preocuparse si se tienen en cuenta sus afinidades y simpatías en América Latina.
Hace apenas tres años estaban en el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que les permitía tener ministros e intendentes, pero sucede que ahora parecen estar dispuestos para demoler el edificio que Chile levantó a partir de 1990.
El PC sufrió, en carne propia -como nadie- las devastadoras consecuencias del derrumbe del estado de derecho en 1973. Hoy, son un partido legal, pero eso impone derechos y deberes. Sus dirigentes deberían estar interesados en no provocar desconfianza acerca de su real compromiso con la democracia, porque eso es lo que sucede.
Si nos dejan, tenemos una oportunidad de darnos la norma fundamental para concretar un pacto social duradero y legitimado. Si por el contrario se quiere imponer más allá de las reglas, el 2021 será complejo.
