Por Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas
El próximo gobierno será, sí o sí, un gobierno de emergencia en salud. Cerca de dos millones de personas están esperando por una consulta de especialidad. Una lista de espera quirúrgica jamás vista, en que el tiempo promedio para acceder a una cirugía está ya casi en los 2 años. Innumerables casos de cáncer diagnosticados en etapa tardía, así como una cantidad inédita de garantías GES retrasadas. Incontables personas con padecimientos crónicos descompensados. Un impacto aún no debidamente mensurado en salud mental y en requerimientos de rehabilitación postpandemia. Esa es la realidad que deberá responder de manera urgente quien quiera liderar Chile en los años que siguen.
El próximo gobierno se encontrará también con grandes deudas, agravadas por la pandemia, en el ámbito de las determinantes sociales de la salud y de las inequidades, lo que obligará a hacer efectivo en el más breve período que la “salud esté en todas las políticas”, de modo que pueda asegurarse de manera intersectorial condiciones sociales que posibiliten el acceso pleno a una alimentación y a ambientes saludables, y donde sea cada vez más costoso acceder al tabaco, al alcohol y a contaminar.
Asimismo, el próximo Gobierno tendrá que promover una legislación que materialice un nuevo marco constitucional. Dadas las correlaciones políticas actuales, seguramente la nueva Carta Magna propondrá una comprensión distinta de la salud a la vigente en la Constitución del 80 y exigirá la generación de leyes que posibiliten un sistema de salud universal y equitativo. Dichas legislaciones, muy dependientes de la composición del próximo Parlamento, llevarán meses, quizás años para su promulgación y la implementación de estas exigirán etapas transicionales y de compromisos de Estado para varios gobiernos.
¿Entonces, qué prometer de manera responsable? Es evidente que habrá que dar a Fonasa facultades y financiamiento para que se puedan articular todos los pabellones quirúrgicos del país -públicos y privados- a trabajar en la misma lógica que las camas intensivas en pandemia, así como alinear todos los recursos y capacidad de oferta del país para enfrentar los requerimientos en salud mental, oncología y rehabilitación post Covid (al respecto, producto de una reciente iniciativa de la Cámara de Diputados, hay disponible un sólido trabajo efectuado por numerosos expertos que proponen estrategias en esos ámbitos); aumentar los recursos hacia la atención primaria, hacia estrategias de hospitalización domiciliaria y telemedicina que eviten hospitalizaciones; y presentar los proyectos de ley (alineados con la nueva Constitución) para estructurar un nuevo sistema de salud universal, solidario, equitativo y centrado en las personas, las familias y las comunidades, de manera viable y sostenible.
Quien pretenda dirigir al país, escuchando al ciudadano, tendrá que poner por delante sus urgentes necesidades y comprender que, en salud, el próximo gobierno será, sí o sí, de emergencia.
