Qué sigue en Admisión Justa

Es claro que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) genera tensiones, las que han quedado en evidencia luego del rechazo de los diputados de oposición frente al proyecto presentado por el Ejecutivo que restablecía el mérito con inclusión, más conocido como Admisión Justa.

Más allá de las dificultades de implementación del SAE, el debate esconde un problema de fondo: existen dos visiones de sociedad diferentes en cuanto a aquellos valores que nos parecen más importantes de resguardar y que debiesen expresarse en un sistema de educación.

Por una parte están quienes ven la inclusión como el mayor valor a resguardar dentro del sistema, así cualquier discriminación que no venga de las preferencias de las familias sería de injusta. En la otra vereda están quienes comprenden la educación como un sistema complejo, donde tanto el establecimiento como las familias tienen mucho que decir. De esta manera el proyecto educativo adquiere mayor valor y sería posible generar ciertas distinciones entre familias conforme a su adhesión con el mismo.

De cara a la discusión que tendrá lugar en el Senado respecto de la segunda parte de la iniciativa de Admisión Justa, es posible dar ciertas líneas para conciliar estas visiones.

En el sistema educativo interactúan diversos actores. En primer lugar las familias. Luego están los establecimientos en quienes los padres delegan parte de su función, y por último está el Estado, quien garantiza el derecho del niño a ser educado y, en consecuencia, puede establecer ciertos requisitos y condiciones mínimas para su ejercicio.

El SAE permite que sólo las familias, a través de sus preferencias, y el Estado, mediante los procesos y los criterios de priorización; puedan tener opinión sobre la admisión. Este esquema deja a los establecimientos totalmente ajenos producto de una desconfianza en su forma de selección, pues se supone  que éstos siempre preferirían a los alumnos más aventajados y de mejor situación socioeconómica. Si este el problema, ¿sería posible una selección por razones que no sean socioeconómicas? ¿Hay un punto intermedio entre selección al 100% y no selección?

La respuesta es positiva. Es factible que exista un sistema donde los establecimientos puedan determinar preferencias por familias más cercanas a su proyecto, mediante mecanismos que de manera transparente y previamente conocidos den valor a ciertos atributos relevantes para ellos, como el ser bilingüe, profesar determinada fe, etc. Esto es perfectamente compatible con el SAE y se podría incluir como requisito de selección para las familias, quienes siguen siendo las que tienen la última palabra en la decisión.

Tanto la inclusión como los proyectos educativos tienen una importancia fundamental dentro de nuestro sistema, pero no por ello son excluyentes. Con todo, sólo podrán sentarse a conversar si existe voluntad política para ello.