¿Siguiendo el modelo argentino?

Por Francisco Orrego, abogado

Los vientos de estatización que comienzan a soplar en Argentina ya están irrumpiendo en nuestro país. Recordemos que bajo los gobiernos de Cristina Kirchner fue el turno de las empresas YPF (Repsol) y Aerolíneas Argentinas (Marsans), cuyas expropiaciones dieron lugar a millonarios arbitrajes internacionales bajo el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Hoy, en cambio, es su heredero, Alberto Fernández, quien arremete en contra de Vicenti, una de las mayores agroexportadoras de Argentina, procediendo a su intervención y expropiación bajo el falso pretexto de rescatarla por ser una empresa “estratégica”.

En nuestro país, sus aliados progresistas -con el ingenuo apoyo de algunos en la derecha y del gobierno- siguen promoviendo el rescate de grandes empresas mediante su estatización, dejando en evidencia que el virus del populismo cruzó la Cordillera de Los Andes. Para quienes promueven la estatización en Chile, el sector privado es visto como una concesión del sector público. Los conceptos de “empresa estratégica” e “interés nacional”, entre otros similares, hace rato campean en el ambiente nacional. Lo que pocos saben es que detrás de estos conceptos hay un velado -pero claro- interés por estatizar a las grandes empresas en Chile. Son los nostálgicos de los sesenta, quienes han visto en esta crisis la ocasión para reeditar el “Area de Propiedad Social” (1970).

Sin embargo, no es función del Estado andar salvando a empresas privadas en dificultades financieras, al menos mediante su participación en el capital, porque una de las variables clave del sistema de libre empresa es el riesgo, y sería un grave error eliminar esa variable. Ese ha sido, precisamente, el gran error que han cometido los EE.UU. y Europa con los grandes bancos y empresas: salvarlos a costa de los contribuyentes e impedir que los accionistas paguen por los frecuentes errores que cometen cuando especulan. Deben ser los privados quienes arriesguen y especulen en torno a la viabilidad de una empresa y no el Estado. Menos corresponde salir al rescate de empresas que han incumplido sus obligaciones laborales, tributarias, medioambientales o de libre competencia o bien cuyos dueños o controladores no son chilenos.

Cuando el Estado sale al rescate de una empresa privada -en vez de dejarla quebrar-, mediante un aporte de capital, todos quedan contentos: los políticos, evidentemente, porque aumentan su poder y privilegios, y los inversionistas y acreedores, más aún, porque se deshacen del “muerto”. Si los contribuyentes entendieran, no salvarían a la empresa. Claramente es mejor que el Estado no ingrese ni capitalice esa empresa y, en su lugar, destine los recursos públicos a programas sociales. Ya sabemos como es el Estado administrando las empresas públicas. Un muy mal administrador. Además, la experiencia en Chile avala que todo lo temporal se transforma en permanente. No existe lo transitorio. No seamos ingenuos.

La expropiación se consolida, bajo los kirchneristas, como práctica institucional en Argentina. En Chile, mientas tanto, hay quienes quieren avanzar sobre el sector privado. Y poco a poco, lo van logrando. El acuerdo social y económico logrado entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado es un primer paso en ese sentido, al contemplar expresamente el rescate de grandes empresas a través de la participación estatal en el capital.

¿En verdad queremos seguir el modelo argentino? No gracias.