Por Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020
“Estamos en un momento histórico, en el que debemos decidir si es que seguimos en este planeta, o desaparecemos”, dijo esta semana en el Congreso Futuro el premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, invitándonos a imaginar que como humanidad vamos en un tren, a toda velocidad, en una dirección que nos lleva inexorablemente a la última estación, donde explotará. A partir de esta analogía, reflexiona sobre la pandemia, la necesidad urgente de no volver a lo que teníamos antes y construir un nuevo camino para evitar nuestra extinción.
Esta interpelación conlleva también un profundo cuestionamiento hacia nuestro sistema educacional. Y es que frente a la pregunta que ha surgido con fuerza esta semana, respecto a si retomar o no el Simce como lo teníamos antes de la pandemia, cabe preguntarse si el tren educacional está viajando en la dirección correcta y qué rol juega, entonces, el Simce en dicha trayectoria, como ya han reflexionado diversas personas de la academia en nuestro país. El Simce, en el contexto de un sistema de rendición de cuentas con altas consecuencias como el que tenemos en nuestro país -con gran énfasis en la evaluación externa, en desmedro de la evaluación de aula que realizan diariamente las y los docentes- se ha convertido en un excesivo regulador de la experiencia formativa de las y los estudiantes. En algunos casos, se les prepara para la rendición de la prueba, y se reducen las oportunidades de aprendizaje en áreas que no son evaluadas.
Una de las cinco prioridades en educación para el nuevo gobierno debe ser avanzar de un sistema basado en la competencia, la desconfianza y el castigo a uno basado en la colaboración, la confianza y la profesionalización para el aprendizaje de todos y todas. El primer desafío es eliminar el cierre de escuelas como consecuencia de la evaluación, reducir la carga de evaluaciones estandarizadas, y reorganizar el currículum para promover el desarrollo de capacidades. De esta forma, será posible favorecer un cambio de ruta que facilite espacios para la innovación educativa, y para avanzar en la formación integral de los y las estudiantes. Por cierto, este desafío no implica dejar de contar con evidencia que permita monitorear la política pública, pero ¿necesitamos realmente 11 evaluaciones censales al año para hacerlo? ¿O podríamos tener evaluaciones muestrales, y analizar la necesidad de una censal?
Es fundamental repensar el rol y características del Simce, en el marco de una reflexión mayor acerca de la necesidad de una educación más integral, ampliamente demandada por distintos actores de las comunidades educativas del país. Y es que poner el debate únicamente en retomar o no el Simce es seguir midiendo la velocidad a la que el tren educacional va, sin cuestionarnos en qué dirección avanza. Ya lo advirtió Yunus: “Si queremos un futuro, tenemos que ir en otra dirección”.
