Simce y Nueva Educación Pública

Hace seis años se promulgó la Ley de Nueva Educación Pública, una reforma de grandes proporciones que busca reestructurar profundamente parte del sistema educativo chileno. Desde entonces, se han creado cerca de 15 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), cubriendo aproximadamente el 20% de los establecimientos municipalidades. Sin embargo, la transición a los nuevos SLEP ha enfrentado numerosos desafíos, producto tanto del diseño contemplado en la ley como en la gestión de su implementación. Aún queda la mitad del tiempo estipulado para completar la creación de los 55 SLEP restantes.

La evaluación del sistema educativo y de las políticas públicas es responsabilidad de la Agencia de Calidad de la Educación, una institución independiente sin el conflicto de interés de ser juez y parte de la reforma que tiene el Ministerio de Educación (Mineduc). Recientemente, esta Agencia presentó un estudio que evalúa el impacto de los establecimientos SLEP en los resultados de las pruebas Simce de matemática y lenguaje, los que en general muestran resultados positivos. Controlando por los efectos de otras variables y comparando a los SLEP con establecimientos similares no SLEP, la diferencia a favor de los SLEP es pequeña pero significativa para 4° básico (entre 2 y 5 puntos en matemática y lenguaje), incrementándose sustancialmente para 2° medio (de al menos 2 puntos en lenguaje y superior a los 8 puntos en matemática).

Sin embargo, estos resultados deben ser recibidos con cautela. El estudio enfrenta limitaciones metodológicas importantes, entre otras razones ante la necesidad de una mayor disponibilidad de datos que permitan corroborar estos efectos en otros contextos que no sean de recuperación de aprendizajes (como es actualmente producto de los efectos rezagados de la pandemia). Además, los mejores resultados de la educación media no solo reflejan la gestión de los SLEP, sino también la gestión previa de los colegios municipales, dado que muchos estudiantes de este nivel han transitado entre ambos sistemas. Otro punto relevante es que estos resultados no incluyen el 17% de la matrícula correspondiente al Servicio Local de Atacama, cuyos estudiantes no rindieron la prueba debido a extensos paros, lo que limita aún más la representatividad del análisis.

Por ello, aunque estos hallazgos son en general positivos y brindan las primeras señales del impacto de la nueva administración, no deben ser utilizados para alimentar narrativas simplistas que favorecen la idea de dejar el sistema tal como está. Los resultados sugieren, más bien, que es necesario perfeccionar la ley para poner el foco en las estrategias pedagógicas. Esto implica no solo mejorar los aspectos que faciliten la transición de las municipalidades a los SLEP, sino también adaptar el sistema para que funcione eficientemente una vez que esté completamente operativo. Lamentablemente, el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso no aborda de manera integral todas las necesidades de ajuste que requiere esta reforma educativa.

Además, es fundamental que el Ministerio de Educación entienda que los costos asociados a los SLEP deben ser cuidadosamente balanceados con los beneficios. Más de la mitad del sistema educativo chileno está en manos del sector privado subvencionado, lo que significa que tanto los recursos como los esfuerzos deben enfocarse en los estudiantes más vulnerables.