Sin espacio para contradicciones

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado

El hito de la votación en particular de los y las convencionales es histórico: por primera vez una Convención escogida democráticamente, paritaria, con integración de pueblos indígenas, redactará la Constitución que se someterá a la aprobación o rechazo del pueblo de Chile. La relevancia de la tarea ha investido a los y las convencionales de un honor que pocos podrán exhibir, pero también de una tremenda responsabilidad. La votación en el pleno es el minuto para sentir y ejercer su cargo pensando en el bienestar de una nación completa, no solo de las demandas identitarias o locales.

Cada comisión ha podido hacer propuestas pensando en su particular encargo, por lo que no es raro que algunas no dialoguen entre sí. No obstante, la Constitución no es un espacio para contradicciones y es indispensable que se armonice un texto que dé lugar a una matriz que logre dotar a nuestro país de gobernabilidad.

Lo propuesto en comisiones debe alcanzar una armonía distinta de la que hasta ahora vemos. Poco sentido tiene una regionalización como la propuesta sin la existencia de un Senado Territorial, pues en el unicameralismo se prescinde de este espacio. Tampoco resulta razonable dotar a los gobiernos regionales de representación internacional, pues esta es una tarea propia de un Jefe o Jefa de Estado, quien puede efectivamente actuar en representación de éste. Igualmente, la entrega a cada región del control sobre los tributos y los presupuestos genera razonables inquietudes sobre la posibilidad de contar con una regla fiscal que permita controlar la deuda y el gasto de un país completo. La generación de congresos (16 regiones) y ministerios locales (23 a nivel central, replicados en cada región) procura la existencia de un Estado más grande, que requerirá de más financiamiento. Resulta fundamental disipar qué funciones quedarán en el gobierno central, si simplemente se le restará tareas a éste o si tendremos órganos cuyas competencias se superponen.

Esta no es solo una materia de eficiencia de los recursos -¿es necesario tener tantos congresos y ministerios?-, sino de contar con un sistema político que pueda cumplir con los fines que le son propios. En el caso de la propuesta sobre justicia especializada en materia indígena, ¿cuál será el tribunal de última instancia?, ¿qué rol tendrá la Corte Suprema?, ¿será un tribunal de casación para todo el país? Mirando más allá, el cambio de nombre de Poder Judicial a Sistemas de Justicia requiere de clarificación: ¿es que ya no estaremos en presencia de un poder del Estado capaz de erigirse como un contrapeso a los otros dos?

Existen otros puntos en los que será preciso que las y los convencionales, mirando la propuesta completa, puedan armonizar un texto que sea plebiscitado a la ciudadanía. Es indispensable que lo hagan con altura de miras, procurando que los cambios necesarios sean posibles política, económica y culturalmente. El honor y la responsabilidad del cargo así lo requieren.