Por Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia
Actualmente en el Senado se tramita el proyecto de ley que perfecciona el régimen de nombramiento y funciones de actores sociales que encarnan la fe pública: los notarios y conservadores de bienes raíces.
Desde hace varios años, como Consejo para la Transparencia hemos monitoreado este debate y la consiguiente discusión legislativa y presentado propuestas vinculadas a iniciativas anteriores, por las controversias que se han generado en este ámbito desde hace largo tiempo, derivadas de la opacidad y escasa rendición de cuentas, por ejemplo, en los mecanismos de nombramiento y en concentración de los mercados. Lo anterior obstaculiza una prestación de servicios eficiente para la ciudadanía y el establecimiento de precios competitivos.
Consideramos evidente que el rol de la publicidad de la información y decisiones tendrá efectos claros. Uno, de desconcentración económica; dos, de reducción de asimetrías, y tres, de promoción del control social por parte de la ciudadanía.
Asimismo, tenemos la certeza de que la introducción de mecanismos de transparencia activa, es decir, de difusión de antecedentes disponibles en fuentes abiertas durante el ejercicio de la función pública de notarios, conservadores, archiveros y fedatarios, puede traducirse en mayores niveles de confianza y colaborar con una mejor percepción del aporte que estos realizan.
El Consejo para la Transparencia, en el uso de sus facultades legales, ha considerado necesario pronunciarse sobre algunos puntos fundamentales del proyecto. En este sentido, ya fueron acogidas en el primer trámite, entre otras propuestas, la disponibilización en el sitio electrónico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial antecedentes asociados a los concursos para proveer los cargos de notarios y la publicación de las fechas en las que se realizará el examen anual de conocimientos jurídicos en plataformas digitales.
Asimismo, consideramos necesario insistir en la necesidad de transparentar vía web, los informes elaborados por notarios conservadores y archiveros sobre información relativa a sus oficinas y de potenciar la gestión documental. Los esfuerzos en este sentido debieran ir más allá de la simple obligación de crear un repositorio digital. Es importante que la información que se despliega pueda unificarse en sistemas de amplia y fácil consulta por parte de las y los ciudadanos.
Valoramos que se haya acogido parte de estas modificaciones en el primer trámite. Aun cuando el Poder Legislativo se encuentra con una fuerte recarga, es necesario que este proyecto, por su influencia en la percepción de abuso de la ciudadanía, se reactive sin demora y durante el debate se haga cargo de otros aspectos relevantes derivados de la discusión en materia de protección de datos personales.
