SEÑOR DIRECTOR:
A propósito de los justificados cuestionamientos que se han formulado con relación al nombramiento de ministros de la Corte Suprema, y la investigación en curso sobre sus chats de Whatsapp por presunto tráfico de influencias, quizá ha llegado la hora de excluir de esta decisión al Presidente de la República, cuya intervención es un resabio monárquico incongruente con las instituciones republicanas. Lo mismo con el Senado, cuya función esencial es legislativa y no la de intervenir en el nombramiento de los jueces. Esto debido a la manifiesta politización que origina la intervención de uno y de otro, muy discutible además atendido el principio de separación de poderes
Se hace necesario establecer un sistema objetivo y transparente que considere la antigüedad de los jueces que postulen, el porcentaje de sus sentencias que hayan sido confirmadas por los tribunales superiores, sus calificaciones anuales, su aporte al estudio del Derecho, y la evaluación que resulte de rendir, por los postulantes interesados, un examen preparado por una Facultad de Derecho que tenga acreditación por al menos cuatro años (elegida por un sorteo y que no pueda repetirse en el año siguiente).
Todos estos factores, y otros que puedan considerarse, determinarían un puntaje para cada magistrado que postule. En caso de existir dos o más jueces con igual porcentaje, la cuestión podría dirimirse por un sorteo o haciendo prevalecer el factor de la antigüedad. Con un procedimiento de nombramiento como el descrito, se terminaría la dilación en los nombramientos, la manipulación política y las influencias personales.
Juan Andrés Orrego Acuña
Profesor de Derecho Civil, UFT
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