Por Gabriel Zaliasnik, Profesor de Derecho Penal Facultad de Derecho Universidad de Chile
El síndrome de Estocolmo es una reacción sicológica en la cual la víctima de un secuestro desarrolla una relación de complicidad y vínculo afectivo con su captor que entorpece de alguna forma la resolución del caso. A la luz de la discusión política posterior al apabullante resultado del plebiscito que rechazó la propuesta de nueva carta fundamental, pareciera que Chile vive su propio síndrome de Estocolmo constitucional. De otra forma no se explica la precipitada voluntad de incursionar en una nueva convención, con o sin expertos.
En palabras de Daniel Innerarity, “la contingencia es la sombra inevitable de la política, una propiedad en virtud de la cual todo lo presente está atravesado por la duda de lo posible. Pensar y actuar políticamente es adentrarse en un espacio en el que domina la sensación de que las cosas podrían haber sido de otra manera y haberse decidido de otro modo, o demasiado pronto, sin razones suficientes, o con las necesarias, pero cuando ya era demasiado tarde…”.
Así, en el torbellino de la vida política y de quienes intervienen en ella, y apelando al mismo sentido común que llevó a rechazar el texto propuesto, es prudente aprender del fracaso de la Convención Constitucional. Y lo que fracasó no solo fue el elenco de constituyentes, sino que el mecanismo definido para resolver la crisis.
Si bien es cierto la voluntad de una parte de la ciudadanía en 2020 se manifestó a favor de la redacción de una nueva Constitución en una convención, ahora esa misma ciudadanía en forma mucho más amplia y mayoritaria por efecto del masivo voto obligatorio expresó su rechazo a la propuesta surgida en esa instancia, y prefirió la vigencia del texto actual o de uno reformado. No se plebiscitó que ello daría lugar a una nueva convención ni menos a un nuevo texto a partir de una hoja en blanco, repitiendo los errores del pasado. Tampoco se planteó que el rechazo implicaría que el recientemente electo Congreso Nacional (asumió hace solo 6 meses) debía abdicar de sus potestades constituyentes. Por el contrario, antes del plebiscito se rebajaron los quórums a 4/7 para facilitar toda reforma posterior al rechazo, y se promovió el “rechazo para reformar”.
Por lo mismo harían bien oficialismo y oposición en reflexionar con calma. Relegitimar al Congreso Nacional y asumir con seriedad y gradualidad las reformas que la actual Constitución requiere. Sin lugar a duda con ellas incorporadas, tendremos una buena y nueva Constitución liberándonos de las cadenas ideológicas que pretenden mantener al país como rehén secuestrado en un eterno proceso constituyente. Ya no hay candados ni cerrojos que impidan radicar el debate constitucional en dicha instancia en la forma que resulte más eficiente sin que el gobierno derrotado siga jugando este partido tantas veces como sea necesario para imponer su agenda rechazada.
