Sistema de DD.HH.

SEÑOR DIRECTOR

Como sabemos, un puñado de países de la región, Chile incluido, acaba de enviar una nota crítica relativa al funcionamiento del Sistema Interamericano de DD.HH. (SIDH). Acusan exceso en el ejercicio de sus facultades (demandando apego a las fuentes del derecho internacional) e invasión de las propias estatales (al reivindicar la soberanía estatal y exigir respeto a la subsidiaridad del sistema).

Debe comenzar anotándose que, al menos en el caso chileno, este reclamo manifiesta una severa inconsistencia en la política estatal en materia de DD.HH. Mientras el Estado de Chile ha sido activo promotor de la mayor presencia del derecho internacional en la región (tanto del sistema regional como del universal), sin detenerse mucho a reflexionar sobre qué puede exigir y qué no, ahora levanta banderas de no intervención, cuando sus intereses están en juego.

En segundo lugar, la declaración recurre a un tono de dramatismo que no encuentra respaldo en la práctica. Pese a las intenciones de ejecutabilidad inmediata – ¿cómo podría ser de otro modo? –, en las sentencias del sistema, la verdad es que la práctica indica que los estados cuentan con un margen de discrecionalidad, espacios de deliberación y reflexión institucional nada despreciables a la hora de implementar esas mismas decisiones. Las audiencias de la Corte Suprema respecto al "Caso Lonkos", son prueba de ello.

Nada de esto, desde luego, supone blindar al SIDH de las necesarias críticas (procedimentales y sustantivas) que merece su actual funcionamiento. Ellas, sin embargo, deben formularse a partir del compromiso con la defensa y promoción de los derechos, y no, como lo hace esta declaración, en segundas intenciones que la inconsistencia y exageración permiten levantar.

Domingo Lovera Parmo

Profesor de Derecho UDP