Sistema político: la gran reforma pendiente

El amplio acuerdo político que finalmente se logró entre las fuerzas de gobierno y la mayor parte de la oposición para aprobar la reforma de pensiones constituye ciertamente un paso de enorme significancia, pues al margen de los legítimos resquemores que algunos de sus contenidos siguen despertando en ambos bandos, lo relevante es que pese a todas las diferencias primó el interés del país y fue posible alcanzar un consenso.

Además de hacerse cargo de los problemas más urgentes que enfrenta el sistema de pensiones -como mejorar las actuales jubilaciones y aumentar el ahorro previsional-, este acuerdo tiene en sí un enorme peso simbólico, porque es un hecho que la capacidad de entendimiento entre las fuerzas políticas se ha visto seriamente deteriorada en los últimos años, primando muchas veces una peligrosa polarización que ha trabado la posibilidad de avanzar en una serie de ámbitos fundamentales. El país ha tenido la oportunidad de volver a apreciar las ventajas de un amplio entendimiento político, y aunque sería poco realista suponer que a partir de ahora existirá la misma disposición para abordar otras reformas pendientes, al gobierno y los partidos cabe exigir un esfuerzo similar al que acabamos de ver para que alcancen cuanto antes un nuevo acuerdo, esta vez para reformar por fin nuestro sistema político. De conseguirse, previsiblemente sería el legado más importante que podría dejar el actual gobierno y la presente legislatura.

Crucial resulta concretar este acuerdo lo antes posible, y es importante que todos los sectores tomen conciencia de ello. Esto porque de no avanzar bajo esta administración, entonces habría que apostar por una reforma durante el siguiente período, con la esperanza de ver algún efecto recién a partir de 2030, y que en todo caso seguramente será gradual, de modo que no es irreal suponer que solo a partir de 2034 se podrían aspirar a ver cambios de mayor alcance. Seguir dilatando esta reforma indefinidamente no resulta responsable, toda vez que el sistema político ya ha sido diagnosticado con severos problemas y prolongar más esta situación solo profundizaría el daño a nuestra democracia. El sentido de urgencia se hace aún más patente si se toma en cuenta que para emprender esta tarea estamos contra el tiempo, quedando un estrecho margen de marzo o abril, ya que a partir de ahí los partidos entrarán de lleno en la campaña electoral. Si la reforma previsional logró sacarse en un mes, con el mismo empeño se podría lograr igual objetivo en sistema político.

Aun cuando por sí misma una reforma de este tipo no será una bala de plata, es un hecho que en tanto no se tomen medidas para empezar a atenuar la excesiva fragmentación de partidos que hoy existe en el Congreso, y se recuperen ciertas dosis de elemental disciplina parlamentaria, alcanzar grandes acuerdos seguirá siendo algo extremadamente complejo, y las administraciones de cualquier signo seguirán enfrentando el desgaste de un permanente bloqueo entre el Ejecutivo y el Congreso.

Si atendemos a la fragmentación y la falta de representatividad que ello conlleva, una cifra que convendría mirar con especial atención es si resulta razonable que del orden del 30% de los actuales diputados hayan sido electos con menos del 5% de los votos, facilitando el ingreso de parlamentarios con muy baja votación y habitualmente de marcado corte personalista. También cabe atender al alto número de partidos que hoy existe en Chile, con 22 constituidos y tres en proceso de formación. En el caso de la Cámara de Diputados, existen 17 partidos con representación parlamentaria -nueve de los cuales tienen 3 o menos diputados-, un alto nivel de fragmentación que por supuesto hace mucho más complejos los procesos de negociación.

Hay que reconocer que en el último tiempo se ha ido tomando mayor conciencia sobre la necesidad de reformar nuestro sistema político. La propuesta constitucional de los expertos -en el marco del fallido segundo proceso constituyente- propuso establecer umbrales mínimos para que los partidos puedan acceder a representación parlamentaria, como también la pérdida del escaño para aquellos parlamentarios que renunciaran al partido por el que fueron electos, como forma de atacar el “discolaje”. Lo cierto es que el ímpetu reformista se ha ido topando con una creciente resistencia, particularmente de los partidos más pequeños. Un grupo transversal de senadores decidió tomar la iniciativa y presentó a fines de noviembre una reforma constitucional que en lo grueso retoma la propuesta de la comisión de expertos. Y si bien la sala aprobó la idea de legislar, todavía resta un largo e incierto camino para su aprobación en el Congreso, sobre todo cuando nadie aparece liderando esta reforma.

Este momento se abre como una oportunidad para que el Presidente Boric despliegue su liderazgo y sea él quien se encargue de impulsar un gran acuerdo político, replicando lo que fue su propia experiencia en la reforma previsional. Si bien el Mandatario nunca ocultó que los términos de dicho acuerdo no eran de su agrado, y en el proceso cometió errores que pusieron en riesgo las negociaciones -como por ejemplo cuando reprochó duramente a la oposición por no querer “ceder”-, era consciente de la importancia que tenía para el país -y también para su propio gobierno- que el acuerdo previsional saliera adelante, jugando un rol determinante para alinear a sus propias fuerzas, que también recelaban de esta propuesta.

El Mandatario demostró que aún conserva capacidad para aunar voluntades en el mundo de la izquierda e impulsar acuerdos que despiertan resistencias entre sus propios partidarios, de modo que sería muy importante que asumiera este desafío, sobre todo cuando se trata de una reforma que el país necesita en forma urgente. Ello sería consistente, además, con la voluntad que expresó en su última cuenta pública, cuando reconoció que era necesario introducir cambios en el sistema político. Los partidos también deben ser capaces de comprender la importancia de lo que está en juego, dejando a un lado sus propios intereses electorales y allanarse a un consenso.