Sistema político: la reforma que realmente importa

Con ocasión del cumplimiento de la mitad de mandato del Presidente Gabriel Boric, la discusión se ha centrado en los escasos avances de sus reformas emblemáticas y el giro político que tuvo que hacer tras la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, para enfrentar los problemas prioritarios de la ciudadanía, como la demanda por mayor seguridad y el mejoramiento de la situación económica, dejando de lado sus aspiraciones refundacionales. En medio de estos debates, algunos insistieron en las dificultades para gobernar en la actualidad, por el cambiante humor de la ciudadanía y la creciente polarización de la sociedad. Y si bien ese es un problema real que se observa a nivel mundial, en el caso de Chile la situación se agrava por su sistema político disfuncional.

Desde hace varios años todos los inquilinos de La Moneda se han enfrentado a problemas de gobernabilidad a causa de la fragmentación de las fuerzas políticas en el parlamento y el “discolaje” dentro de los propios partidos, algunos de cuyos miembros muchas veces ven más incentivos en seguir aventuras personales que en cumplir con los acuerdos alcanzados por la colectividad a la que libremente adscriben. Todo ello profundiza la incertidumbre del sistema y las dificultades para negociar y llegar a acuerdos confiables. Lo sucedido durante el anterior gobierno con los retiros de fondos previsionales y las dificultades para concordar un cambio al sistema previsional, cuya discusión en el Parlamento ya se extiende por casi seis años y dos proyectos distintos, es prueba de ello.

El actual escenario es en gran parte fruto de la reforma electoral de 2015, que cambió el sistema binominal por uno proporcional. Si bien, la intención entonces era lograr una mejor representatividad, el resultado fue un Congreso fragmentado, con más de 20 partidos políticos, en lugar de los ocho que había antes de la modificación. Sumado a ello, se facilitó la formación de nuevas colectividades, que terminó favoreciendo los personalismos y los discursos populistas. Lo anterior, se vio agravado por la instauración del voto voluntario en 2012 -recientemente modificado-, que llevó a los distintos sectores políticos a limitarse a movilizar a su nicho en desmedro de impulsar propuestas que buscaran captar a más votantes. Los partidos políticos, como consecuencia de ello, se debilitaron.

Frente a ese escenario se hace urgente avanzar en una reforma política que asegure gobernabilidad y permita revertir la creciente fragmentación de las fuerzas políticas que alejan cualquier posibilidad de acuerdo. Por ello, más allá del legítimo interés del Ejecutivo por intentar sacar adelante algunas de sus propuestas emblemáticas, el Presidente de la República debería concentrar gran parte de sus esfuerzos en impulsar los cambios al sistema político. Ello le aseguraría, además, legar un activo al futuro del país. En este proceso, no parte de cero. No sólo porque, al menos en el discurso, hay un amplio consenso de la necesidad de llevar adelante cambios, sino porque el acuerdo transversal alcanzado en la Comisión Experta del último proceso constitucional ofrece un buen punto de partida para comenzar a trabajar.

Entre las propuestas contempladas entonces, se incluía fijar un umbral de 5% de votos a los partidos políticos para tener representación en el Congreso o retirar el escaño a los representantes que renunciaran a su partido luego de ser electo, como una forma de evitar el “discolaje”. Se propuso también que la elección legislativa se realizara dos semanas después de la primera vuelta presidencial y se plantearon otros mecanismos para reforzar a los partidos políticos. Más allá del legítimo debate o discrepancias que algunas de estas propuestas puedan generar, en general conforman un piso razonable para la discusión, sin perjuicio de la necesidad de abordar también otros temas, como la ineludible reforma al sistema electoral o el aumento de las exigencias para la formación de partidos políticos.

Después de cuatro años de discusiones constitucionales fallidas, no cabe duda que es urgente abordar las demandas inmediatas de la ciudadanía, como la seguridad y la economía. Ambas cosas tienen que concentrar la preocupación del gobierno. Pero ello no quita que paralelamente se avance también en los cambios que el sistema político requiere. De no hacerlo, cualquier intento por conseguir resultados concretos para solucionar las demandas ciudadanas se verá comprometido. El desafío no es simple, no sólo porque son los propios incumbentes quienes tendrán que aprobar los cambios en el Congreso -un obstáculo que puede subsanarse con los plazos para su entrada en vigencia- sino también por que la dinámica electoral en la que entrará el país este año, pone una cuota mayor de urgencia a la discusión.