Por Fernando Atria, presidente de Fuerza Común (partido en formación)
Durante 40 años nos han dicho que los fondos previsionales son de propiedad de los trabajadores. Hay algo raro en eso, porque sabemos que quienes más defienden el sistema de AFP no son los supuestos dueños, sino los políticos de derecha, banqueros, los gerentes o dueños de AFP, etc.
Al oírlos hablar, todo empieza a aclararse. En la discusión sobre el retiro del 10% de los ahorros, el senador Allamand explicaba que con eso “le vamos a estar regalando plata a quien no la necesita”. Como el que regala es el dueño, esto aclara las cosas: los dueños no son los trabajadores, los dueños son ese “nosotros” tácito de Allamand. Recuérdese el caso del presidente de la Asociación de AFP, que ante el recurso interpuesto por una profesora en Antofagasta respondió comentando el estado de sus amígdalas. Entonces todo Chile lo vio hablar no precisamente con el tono que usa un administrador de bienes ajenos para hablar con el dueño de los bienes que administra, sino con el tono indignado del dueño cuando un advenedizo le pide cuentas.
La propiedad, como todo derecho subjetivo, es un interés protegido. Dime, entonces, cuál es el interés protegido y yo te diré de quién es el derecho. Y por regla general, dime quién defiende algo y yo te diré cuál es el interés que ese algo sirve. En el caso de los fondos previsionales lo protegido no es el interés de los trabajadores. En efecto, el discurso de la propiedad en el sistema de AFP tiene solo dos consecuencias reales: impide la transformación del sistema (porque sería, dicen, “expropiatorio”), por un lado, y carga a los trabajadores con la culpa de sus bajas pensiones (es que ahorraron poco). Es una propiedad que solo perjudica a sus titulares.
Cualquier duda restante quedará despejada estos días. Porque la cuestión más importante acerca de la propiedad es que da a su titular el poder para determinar cómo usar la cosa. Presionados por recursos judiciales, los defensores de las AFP han explicado que la propiedad efectivamente da al dueño ese poder de decidir cómo usar la cosa, pero no en este caso. Es que en este caso se trataría de una propiedad especial, afectada a una finalidad única: la de financiar la pensión de cada trabajador. Es que, como lo muestra la llamada “behavioural economics”, si las personas no fueran obligadas a ser previsores no lo serían, y consumirían todos sus ingresos actuales descontando sus necesidades futuras.
A este argumento también le llegó la hora de la verdad. Porque con la posible excepción de Andrés Allamand, hoy todos saben que las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria serán extraordinariamente duras. La demanda por acceder a esos fondos es hoy enteramente justificada, y no puede ser explicada como la irracionalidad de descontar el futuro solo porque es futuro.
Pero incluso en estas condiciones los ahorros previsionales han de ser, nos dicen, inaccesibles para sus supuestos dueños.
