Por Fernando Atria, presidente del partido Fuerza Común (en formación)
Las emergencias y cómo se enfrentan develan cuestiones de fondo. Que el programa de protección al empleo haya podido ser utilizado por Cencosud, y los 2,5 millones de cajas de alimentos que ignoran el tiempo de distribución y el efecto que tendrán en los comercios de barrio, muestran la perspectiva del gobierno; que la Dirección del Trabajo haya sugerido a todas las empresas no pagar remuneraciones porque la emergencia era “fuerza mayor” muestra qué intereses son los que tenía en vista, etc.
¿Qué medidas reflejan los intereses de los trabajadores y trabajadoras? Para responder esta pregunta, ayer un conjunto de partidos y sindicatos, asambleas y otras organizaciones presentamos el “Pliego popular, por la vida y contra el hambre y la cesantía”.
Las medidas urgentes que dicho pliego requiere son, primero, la instalación de un comité de crisis (con la Atención Primaria de Salud, asociaciones municipales, colegios profesionales). Enfrentar una emergencia en un contexto de deslegitimación institucional no es lo mejor. Es fundamental dar a la conducción de la emergencia una legitimidad pública que asegure su aceptabilidad y entonces su eficacia. Luego, es necesaria una renta básica que deje a todos sobre la línea de pobreza. Para esto debe autorizarse el retiro de fondos previsionales con cargo a su restitución por el Estado mediante un bono de reconocimiento. Las pequeñas empresas necesitan una línea de apoyo que tenga la cobertura y la agilidad que el Fogape no ha tenido, a través de la estructura del Estado (Corfo, BancoEstado, Sercotec, municipalidades).
Por otro lado, el eventual apoyo a grandes empresas debe sujetarse a la protección incondicional del empleo y, por cierto, debe tener como consecuencia la adquisición, por el Estado, de la propiedad de esas empresas en la proporción correspondiente.
Es urgente proteger a las mujeres de la violencia de género, ampliando el programa “mascarilla 19” y dotándolo de personal adecuado y suficientemente capacitado, así como la creación de un Comité de Emergencia Alimentaria, que controle los precios de los productos de primera necesidad, asegure el abastecimiento apoyándose en productores familiares y pequeños campesinos, apoye los modelos comunitarios de comedores, ollas comunes u otras iniciativas, etc.
Creemos necesario, por último, el compromiso irrestricto de todos los actores con la continuidad del proceso constituyente. Hemos visto intentos de aprovechar la emergencia para suspenderlo o para vaciarlo de contenido. Eso afecta seriamente las condiciones de confianza necesarias para enfrentar la pandemia adecuadamente.
Todo lo anterior no eliminará las consecuencias de la emergencia ni el daño que ella ha causado y causará. Pero al menos se hace cargo de los efectos devastadores que está produciendo, teniendo a la vista de modo preferente los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
