Sobre los sistemas de nombramiento sucesivos

El pasado 18 de febrero, Andrés Tagle terminó su período como integrante del consejo directivo del Servicio Electoral, adquiriendo la condición de “prorrogado” hasta que se designe su reemplazo. Alfredo Joignant se encuentra en la misma situación desde que culminó su período en febrero de 2023. Así, en pleno año electoral, dos de los cinco integrantes de esta instancia no son titulares de sus cargos.

El Consejo para la Transparencia lidió con un escenario similar a fines de 2023. Entre la renuncia de Gloria de la Fuente en marzo y la terminación del período de Francisco Leturia en octubre, su consejo directivo quedó solo con dos de sus cuatro consejeros. No obstante, al no contar con una figura similar a los consejeros “prorrogados”, dicha instancia quedó sin quórum para sesionar por casi tres meses.

El factor común es que ambos órganos designan a sus integrantes mediante sistemas de nombramiento sucesivos, donde el Presidente de la República formula una propuesta que luego debe ser ratificada por el Senado. Se trata de procedimientos recurrentes, empleados con distintas variantes -como la participación de la Corte Suprema- para designar a una cantidad importante de autoridades.

Naturalmente, existen diferentes factores que inciden en el funcionamiento de estos mecanismos, como la idoneidad técnica de los candidatos, los equilibrios políticos de la Cámara Alta, o la capacidad negociadora del Ejecutivo, entre otros. Sin embargo, ello no implica que no debamos explorar ajustes que perfeccionen estos sistemas con miras a resguardar la estabilidad y continuidad institucional.

En este sentido, resulta interesante la modificación propuesta en su momento por la Comisión Experta, en el segundo proceso constituyente, de iniciar el respectivo proceso de designación noventa días antes de que el titular en ejercicio cese en su cargo, sumado a plazos fijos para que la autoridad competente resuelva, operando en subsidio el silencio administrativo eficaz.

La dimensión preventiva de este ajuste serviría para adaptar nuestra institucionalidad y evitar situaciones críticas como las descritas. Asimismo, contribuiría a que las autoridades cuenten con las garantías necesarias para ejercer sus funciones, evitando que se repitan casos como el de Dorothy Pérez, quien durante casi 11 meses ejerció como contralora subrogante sin las garantías de la titularidad.

Hernán Larraín F.

Abogado y profesor universitario

Francisco Bartucevic C.

Abogado e investigador asociado de Fundación P!ensa